Derechos Humanos Amazonas

Oro, gobernadores y protectores. Muchas preguntas

Héctor Escandell García

Oficina de Derechos Humanos del Vicariato

En la historia de la humanidad, el argumento precariamente sustentado de la búsqueda del bien común, la justicia y la igualdad, frecuentemente ha derivado hacia las más grandes tragedias; pretendidas revoluciones terminan siendo muy dolorosas involuciones en el proceso interminable de humanizarnos. Los costos en vidas humanas y degradación del ambiente difícilmente compensan el bienestar que puedan haber alcanzado algunos miembros de la sociedad donde se han aplicado las políticas “revolucionarias”. Los resultados de esas experiencias han sido las semillas de la realidad expresada en crisis recurrentes, como la que hoy afecta a Venezuela, enmarcada en el concepto de Emergencia Humanitaria Compleja.

La reciente decisión del Ejecutivo nacional, de transferir a los gobernadores (y protectores) minas de oro en operación, además de recursos financieros asociados a las finanzas electrónicas intangibles para la adquisición de materiales, equipos y maquinarias, alimentos y quien sabe que más, puede leerse desde distintas perspectivas.

Es por un lado una acción consecuente con el paradigma leninista de acabar con el Estado capitalista burgués, que parece orientar algunas conductas y discursos del gobierno; ese Estado soportado en la propiedad privada de los medios de producción, en una clase media en movilidad, a veces ascendente y otras declinante (en función del momento histórico determinado básicamente por las políticas gubernamentales) y unas reglas de juego, las leyes, diseñadas para replicar las condiciones que sustentan el sistema mundial, que, sin desconocer los aportes diversos en la mejora de las condiciones de vida de la humanidad, muestran hoy enormes deficiencias en la generalización de esos efectos positivos. La pobreza, material e inmaterial, de miles de millones de personas en todo el planeta es la evidencia más clara de que persiste un grave problema moral en las prácticas de los distintos modelos ideológicos que han tenido la oportunidad de practicarse.

Por otro lado, esas decisiones políticas, calificadas por el gobierno como revolucionarias y orientadas a corregir las fallas del sistema dominante, desde el momento en que se basan en la minería del oro como el elemento central de la gestión económica y se complementan en otra práctica extractivista como lo es la industria petrolera, se inscriben en los más rancios modos de producción y distribución del modelo capitalista, en su variante exportadora para participar en el llamado mercado, instancia medular del sistema que pretenden cambiar.

La gestión y distribución de una renta obtenida a partir de la existencia de unos elementos (recursos) naturales, que no son producto del trabajo humano, parece reforzar precisamente una de las características que han marcado la historia socioeconómica del país por más de un siglo, esa que ha cercenando las posibilidades de construir economías alternativas sostenibles centradas en el ser humano y su bienestar y, reforzando paralelamente el papel del gobierno paternalista, distribuidor de la renta a su discreción, en oportunidades excluyendo a aquellos que por cualquier razón son calificados como enemigos.

Como alternativa al Estado capitalista burgués, desde el gobierno se plantea la construcción del Estado comunal, concebido como uno de los argumentos que señalábamos al inicio de este escrito, pleno de buenas intenciones. Este modelo nos dice, ahora desde una óptica menos radical, probablemente más marxista, que de la propiedad privada sobre los medios de producción debemos pasar, primero a la propiedad pública, administrada por el Estado y en la práctica por el gobierno, para luego, paulatinamente transferirla a la sociedad que la administrará con principios distintos a los de la lógica del capital.

En las experiencias conocidas de esa fórmula, observamos que una vez eliminada la propiedad privada sobre los medios de producción y gestionados estos por el Estado, que en los regímenes políticos donde se ha puesto en práctica se confunde con el gobierno y consecuentemente con el partido, el proceso de transferencia citado tiende a paralizarse, bien porque no logran materializarse modos alternativos eficientes de gestión de las empresas o, bien porque la voluntad política inicial se ha diluido. Lo que suele ocurrir es que las empresas se quedan en manos del Estado, fortaleciendo su rol paternalista y de fomento de la dependencia de la sociedad hacia la voluntad del gobierno, mientras que frecuentemente facilitan la conformación de nuevos grupos de poder económico, vinculados al partido, y que en definitiva consisten en una nueva clase propietaria.

Las evidencias de esas experiencias demuestran que los problemas de la sociedad: pobreza, exclusión, violación de derechos humanos, degradación ambiental….no logran resolverse; en el mejor de los casos se atenúan mientras las condiciones del entorno capitalista se lo permiten.

Así, al menos a mi entender, el reforzamiento del modelo extractivista minero, básicamente exportador de materias primas, que se esconde detrás de las recientes decisiones de política económica y que intenta subsanar la falta de producción nacional a través de las importaciones de bienes y servicios, difícilmente permitirá que estas logren cambiar las condiciones que provocan y sostienen la actual situación de emergencia humanitaria, aderezada por niveles de corrupción y erosión del tejido social, inéditos en la historia contemporánea.

Al considerar en particular el tema de la transferencia de las minas a los gobernadores y “protectores” de aquellos estados gobernados por la oposición, surgen muchas interrogantes de las que difícilmente podremos obtener respuestas satisfactorias. A la falta de precisión en el mecanismo a utilizar para materializar la asignación, una pregunta inicial es: ¿dónde están ubicadas?; suponemos que en el territorio del Programa que alberga el llamado Arco Minero del Orinoco y en particular refiere a las minas ubicadas en la cuenca del río Caroní, cuya historia ha sido ampliamente divulgada, historia plena de tragedias humanas y de degradación ambiental, además de que su larga explotación no ha significado mejora alguna a la calidad de vida de las comunidades adyacentes ni beneficio económico perdurable y significativo a las arcas de la nación.

Luego, nos preguntamos: ¿Cuántas de esas minas disponen de los equipamientos e infraestructuras de servicios esenciales para su operación?, ¿cuantas cuentan con medidas serias de control de daños derivados de la actividad y, ¿en cuantas de ellas pueden identificarse relaciones de trabajo formales?; las respuestas más probables son que en la mayoría de ellas prevalezcan condiciones precarias en todos los contextos cuestionados.

De lo anterior, podemos pensar que se trata de una estrategia que persigue ordenar el caos característico de la minería aurífera que se practica al sur del país, situación que en el pasado reciente intento abordarse a través de otras políticas (la reconversión minera; Misión Piar..), que por diversas razones no lograron ese objetivo y que para ese fin las gobernaciones y otros beneficiarios, tendrán la responsabilidad de diseñar y ejecutar modalidades Ad hoc.

Otras preguntas que surgen de la reflexión son: ¿cuál es la base legal de esa decisión?; tiene el ejecutivo potestad legal para repartir el patrimonio nacional a su entender?; ¿cómo queda la unidad del Tesoro y las posibilidades del control previo y posterior?. Ya sabemos que la interpretación del orden emanado desde la Constitución frecuentemente obedece a los intereses del ejecutivo, que cuenta con los medios para darle forma legal a sus decisiones; en todo caso podría entenderse como el aceleramiento de la destrucción de la base jurídica que sustenta el modelo de Estado capitalista burgués.

Nos preocupa que va a suceder con las comunidades locales, ¿Cuál va a ser su reacción? y ¿cómo van a ser tratadas al momento de operacionalizar la gestión de las minas?; ¿quien determinará las prioridades de inversión o gasto de los ingresos que se puedan generar?. Los riesgos de que suceda más de lo mismo son grandes, y que al final no sólo no hayan mejorado positivamente las condiciones de precariedad reinantes en la vida cotidiana, sino que se hayan profundizado las carencias y reducido las opciones de subsanarlas.

De nuevo, una decisión cuyos efectos no sólo tienen impacto nacional, sino que también trascienden a esta generación, es tomada sin conocer la opinión de la sociedad nacional. Comprometer el futuro, restringir las opciones que tendrán los habitantes de este país para atender los próximos retos, no sólo en cuanto al agotamiento esperado de las reservas minerales, sino también y principalmente sobre las condiciones ambientales que prevalecerán una vez se alcance la condición de no rentabilidad de la actividad minera, creemos que son razones suficientes para consultar su opinión. Para ello se requiere de voluntad política para aceptar la participación efectiva de la sociedad en el debate, pero también de información veraz, de calidad y suficiente, elementos que hoy día escasean.

Sin alguna pretensión de agotar las posibilidades de análisis de causas y efectos de las recientes decisiones políticas, cabe preguntarse: ¿Cuál es el papel de la sociedad nacional en este particular?; creemos que es necesario promover un amplio movimiento que facilite el debate reflexivo sobre este tema; ejercicio que se lleve a cabo abriendo muchos espacios de discusión en diversos escenarios, al margen de los intereses de la pequeña política.