viernes, 3 de diciembre de 2021

LA VIVENCIA COMUNITARIA DE LOS PUEBLOS AMAZÓNICOS: UN APORTE AL PROCESO

SINODAL Las palabras del Papa en la apertura del Sínodo, el aporte de la Iglesia de América Latina al proceso sinodal, y la experiencia comunitaria de la Iglesia en la Amazonia”, son algunos de los temas al centro de la entrevista con la Hermana Laura Vicuña, catequista franciscana, representante de la Amazonia brasileña, delegada de la Conferencia Eclesial de la Amazonia (CEAMA).

Por MANUEL CUBÍAS / RENATO MARTÍNEZ – VATICANNEWS

Tomado de la revista La Iglesia en Amazonas

El Papa Francisco en sus palabras de apertura nos ha llamado a todos a caminar juntos, nos ha llamado a todos a caminar también oyendo los clamores que vienen de la tierra que está tan amenazada, de los pueblos que también viven las amenazas de tener sus territorios invadidos”, lo dijo la Hermana Laura Vicuña, catequista franciscana, representante de la Amazonia brasileña, delegada de la Conferencia Eclesial de la Amazonia (CEAMA), para participar en el Sínodo de los Obispos sobre la Sinodalidad, que inició este 10 de octubre con la Santa Misa presidida por el Papa Francisco, en la Basílica de San Pedro.

Entrevista con la Hermana Laura Vicuña La catequista brasileña dijo que el inicio de este proceso sinodal estuvo marcado por las palabras de esperanza que el Santo Padre expresó en el Momento de Reflexión previo a la Misa de Apertura. Dialogando con nuestro colega, Padre Manuel Cubías, la representante de los territorios amazónicos de la CEAMA señaló que el aporte más significativo que la Iglesia en América Latina puede dar al Sínodo es la experiencia que se ha ido gestando a lo largo de muchos años, es decir: el de las Comunidades Eclesiales de Base.

 R.- La gran contribución de la Iglesia en América Latina y, sobre todo, desde la Iglesia en la Amazonía, son las Comunidades Eclesiales de Base, que tienen este rol de caminar juntos, desde su esencia, desde su nacimiento. Una Iglesia que conjuga fe y vida, el anuncio y también la denuncia. En este caminar juntos, nosotros vamos siendo esta Iglesia sinodal y esta Iglesia que busca también vivir ya de los ministerios. Entonces, la Iglesia de América Latina articula esto, la fe y la vita en colectividad, en comunidad.

 ¿Cómo las Comunidades de Base, cómo los pueblos de los territorios amazónicos han hecho sentir su voz en este proceso?

R.- Los pueblos originarios por su misma naturaleza son comunidades de colectividad, comunidades que caminan juntos, que trabajan en colectividad y en comunidad. Entonces, nosotros con nuestras voces traemos también esta experiencia de vivencia comunitaria, de que es necesario caminar juntos. Los pueblos originarios en la Amazonía durante mucho tiempo fueron “invisibilizados”, fueron dejados de lado, pero son pueblos que traen – como nos habló en el documento final del Sínodo de la Amazonia – son pueblos de antiguos perfumes que continúan perfumando el Continente contra la desesperación.

¿Cómo podemos entrever los gritos de la tierra, los gritos de esos pueblos, reflejados en las palabras que pronunció el Papa en el Momento de Reflexión previo a la inauguración del Sínodo para la Sinodalidad?

R.- El Papa Francisco en sus palabras de apertura nos ha llamado a todos a caminar juntos, nos ha llamado a todos a caminar también oyendo los clamores que vienen de la tierra que está tan amenazada, de los pueblos que también viven las amenazas de tener sus territorios invadidos. Pienso que la gran palabra que nos ha dado, es la palabra de esperanza, es decir, que nosotros podemos seguir adelante como Iglesia y como Iglesia que escucha a los pobres, que escucha a los últimos.

 En este proceso de escucha, ¿cuál es la preocupación que más se oye desde tu trabajo? ¿Cuál es la preocupación que más escuchas desde tu gente, desde la Amazonía? 

R.- Creo que el gran clamor, el gran grito que hoy la Amazonía trae es la gran amenaza que vivimos en nuestro territorio con la deforestación y esto afecta e impacta todo el mundo. Entonces, algo que traigo es que se respete la vida de los pueblos y de todos los que viven en la Amazonía para que podamos así garantizar a las generaciones futuras también una posibilidad de vida.

¿Qué palabras le dirías a la gente joven que no es de tu territorio, a los que son de otros países distintos de la región amazónica? ¿Qué llamado les haces o que quisieras decirles?

 R.- El gran llamado que hago a todo el mundo es para que podamos caminar juntos, caminar juntos en la defensa de esta casa común, qué es la casa de todos. Que podamos caminar juntos también como una Iglesia samaritana, una iglesia en salida, pero una Iglesia que anuncia al Resucitado a pesar de todas las situaciones de muerte que hay. Entonces, el gran llamado es que nos llenemos de esperanza y que cuidemos de esta casa común que es todo el planeta tierra, que es donde vivimos.

 

jueves, 23 de septiembre de 2021

BREVE RELACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN AMAZONAS

Por Héctor Escandell García


El territorio del actual estado Amazonas apenas comenzó a ser reconocido, con objetivos políticos, por la autoridad colonial, a mediados del siglo XVIII, mediante diversas expediciones,  principalmente para el establecimiento de límites entre las potencias coloniales, que llevaron a la fundación de asentamientos como San Fernando de Atabapo, San Carlos de Río Negro, Maroa y La Esmeralda. Estos pueblos aún hoy resisten la tendencia al despoblamiento que históricamente ha caracterizado  la porción sur de la entidad, empujada por las propias condiciones geográficas de aislamiento, la lejanía a los centros de poder y la predominante ineficacia de las políticas públicas implementadas. Desde la perspectiva del conocimiento ambiental natural, éste será dado a conocer universalmente solo tras la publicación del Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, donde su autor, el barón Alexander Von Humboldt, narra las experiencias de su expedición, caracterizando sus más evidentes expresiones naturales y culturales. Es desde entonces que la región comienza a identificarse en la cartografía global y se convierte en estímulo para otras varias y esporádicas expediciones con objetivos científicos y económicos, que se prolongaron hasta bien entrado el siglo XX, produciendo textos que mejoraron paulatinamente la información científica sobre este amplio espacio geográfico.

La creación de la Reserva Forestal del Sipapo en 1963, podría considerarse la primera acción pública de gestión ambiental; aun cuando la valoración del potencial maderero fue el principal argumento, también se expresa una voluntad de conservar las fuentes de agua de los ríos que drenan la región: Sipapo, Guayapo, Cuao y Autana. A mediados de la década de los años 60 del siglo XX, durante el primer gobierno de Rafael Caldera, el Estado asume, con la creación de la Comisión para el Desarrollo del Sur (CODESUR), el programa denominado La Conquista del Sur, conceptualizado en los parámetros del paradigma desarrollista vigente en aquella época. En el marco de ese programa se realizaron inventarios generales y sistemáticos de recursos naturales: geológicos, suelos, vegetación y fauna silvestre, utilizando tecnologías cartográficas de avanzada (levantamientos de radar y aerofotografía) que permitieron enriquecer sustancialmente el conocimiento sobre la región, incluyendo la instalación de una amplia red de estaciones climatológicas e hidrográficas que, en conjunto, van a servir para la posterior gestión ambiental. El esfuerzo técnico científico de ese momento será replicado en los años 90 con el Inventario de recursos naturales de la Región Guayana, adelantado por la Corporación Venezolana de Guayana, a través de la empresa INGEOMIN, con énfasis en los recursos mineros.

Durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, se produce el salto cuantitativo y cualitativo de la gestión ambiental en el entonces Territorio Federal Amazonas, gracias a la creación del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables que, a través de una estrategia desconcentrada, consolida la presencia de una estructura técnica y profesional vinculada a la gestión ambiental en la región, asumiendo una visión predominantemente conservacionista. Citamos, entre otras cosas, la creación de un conjunto de áreas bajo régimen de administración especial (ABRAES), conformada por los Parques Nacionales Duida - Marahuaca, Yapacana y Sierra de la Neblina, más los Monumentos Naturales: Cerro Autana y Piedra del Cocuy. Es el momento que reune los más calificados especialistas en las ciencias ambientales. La estrategia se complementa con la sanción del Decreto presidencial que prohibe las deforestaciones con fines comerciales en toda la región. En el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, el sistema de áreas protegidas se complementará con: la creación del Parque Nacional Parima – Tapirapecó; la Reserva de Biosfera Alto Orinoco – Casiquiare; la Zona Protectora de Cuenca Hidrográfica Río Cataniapo y el conjunto de Monumentos Naturales de las formaciones Tepuyanas; además se realizan inventarios detallados de flora y fauna en diversos paisajes; se administra el aprovechamiento de los recursos naturales con criterio científico; se asume la ordenación del territorio como estrategia para sustentar el desarrollo con Planes de Ordenación y Desarrollo Sostenible; estrategias de manejo de especies botánicas; se emiten, además, instrumentos legales para la prohibición de la minería metálica y la regulación de las actividades turísticas. 

  En este tiempo, el paradigma dominante pasa del conservacionismo hacia el llamado desarrollo sustentable y ello explica la creación del Servicio Autónomo para el Desarrollo Sostenible de Amazonas (SADA AMAZONAS), que va a liderar una propuesta de gestión ambiental adaptada al discurso global de incorporar lo ambiental a la concepción y la gestión del desarrollo. Esta propuesta va a estar acompañada por un esfuerzo significativo de impulsar la investigación científica, a la par de propiciar el rescate y fortalecimiento del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas en el manejo de la biodiversidad y el apoyo a la organización de esos pueblos. 

 La creación del Centro Amazónico de Investigaciones Ambientales Alejandro de Humboldt (CAIAAH), constituyó un hito en ese sentido, con el desarrollo de infraestructuras para la investigación y la gestión ambiental en La Esmeralda (Alto Orinoco). Allí se adelantaron proyectos como Surumoni, para el estudio de la ecología del bosque tropical, donde se realizaron investigaciones con impacto global. La cooperación internacional (Unión Europea; AECI, GTZ, Academia de Ciencias de Austria, Universidades de Cornell y Harvard, entre otras) contribuyó significativamente en estos procesos de gestión ambiental, especialmente el fortalecimiento de las capacidades humanas nacionales y locales. Durante el segundo gobierno de Rafael Caldera se intentará impulsar, a través del Programa de Desarrollo del Sur (PRODESUR), una gestión concebida desde un nuevo desarrollismo que, aunque no logró consolidar acciones concretas, sí contribuyó a debilitar los esfuerzos iniciados con SADA AMAZONAS.

Al iniciarse el gobierno de Hugo Chávez, ese debilitamiento de la gestión ambiental para desarrollo regional, se profundizó hasta prácticamente su desaparición. Al día de hoy predominan actividades ilícitas en el aprovechamiento de los recursos naturales, especialmente los mineros, caracterizadas por la depredación ambiental a lo largo y ancho del territorio, la desatención en el manejo de los ecosistemas y el debilitamiento de la institucionalidad responsable de conservar las condiciones ambientales urbanas que dependen de esos ecosistemas. Entre los múltiples retos que se nos plantean como sociedad, uno de los más relevantes será el de imponer, por la educación y la convicción, formas alternativas de vincularnos con el ambiente y de valorarlo como soporte de la vida, ofreciéndonos posibilidades de gestionar condiciones de vida digna para todos. Por último, considero relevante señalar que tanto el MARNR, como posteriormente SADA AMAZONAS, fueron referencias regionales de capacidad y profesionalidad en la gestión pública, valoradas por la sociedad local y reconocidas internacionalmente.

jueves, 10 de junio de 2021


COLOMBIA: SIN FIN A LAS PROTESTAS MASIVAS


Colombia no se viene al descanso. Se dice que 68 personas murieron en las protestas en curso contra el gobierno. El detonante del descontento y las manifestaciones masivas fue una reforma fiscal planificada. En respuesta, sindicatos, estudiantes y asociaciones indígenas convocaron a una huelga general el 28 de abril de 2021. La policía y el ejército reaccionaron a las manifestaciones en curso con violencia masiva. Desde Colombia, la organización socia de MISEREOR FASOL informa sobre las actuales protestas masivas en Colombia y los efectos de la actual crisis en el poder judicial. FASOL es una organización colombiana de autoayuda para miembros del poder judicial, que cuenta con el apoyo conjunto de MISEREOR y la Asociación Alemana de Jueces (DRB). Astrid Bode de la DRB nos facilitó su informe.

Artistas, activistas y familiares de los desaparecidos forzadamente han pintado grafitis de unos 200 metros de largo en la calle frente a la sede de la justicia especial para la paz en Bogotá. © Fundación Chasquis / Carlos Gallardo

Reformas a expensas de los pobres

Las protestas masivas en Colombia fueron desencadenadas por una reforma fiscal planificada por el gobierno del presidente Duque. Desde entonces, esta reforma se ha retirado. Se preveía un aumento del impuesto sobre las ventas, que habría tenido un impacto negativo principalmente en los precios de los alimentos básicos y los combustibles. Los grupos de población pobres y la clase media se habrían visto especialmente afectados por los aumentos de precios. Eso habría agravado la brecha social en el país. Colombia ya está marcada por una desigualdad extrema. Más del 40 por ciento de la población es pobre. Según la oficina de estadísticas de Colombia, un tercio de estas personas vive en extrema pobreza. Además, se habían anunciado reformas en los sectores de la educación y la salud, que habrían supuesto una carga adicional para la gran mayoría.

Violencia policial masiva

El gobierno respondió a las protestas desde el principio con una presencia policial masiva y violencia. Las Fuerzas Especiales de Lucha contra los Disturbios (ESMAD) también fueron apoyadas por militares en ciudades como Cali. El presidente Iván Duque ordenó el operativo militar a principios de mayo. Según información de Human Rights Watch, los violentos enfrentamientos ocurrieron68 personas muertas. Además, está aumentando el número de personas consideradas "desaparecidas". Según la campaña “Defensora de la Libertad”, actualmente se encuentran desaparecidas 346 personas que fueron arrestadas arbitrariamente y / o arrestadas como parte de protestas pacíficas. FASOL también habla de 106 casos de violencia de género (especialmente sexual) por parte de las fuerzas de seguridad y 2.808 detenciones, a menudo arbitrarias (hasta el 5 de junio). El presidente Duque respondió acercando a los manifestantes a terroristas y bandas criminales.

Los militares no solo utilizaron cañones de agua contra los manifestantes, sino también gases lacrimógenos; se hacen disparos una y otra vez. © FASOL

Graves problemas sociales, incluso antes de Corona

FASOL, la Corporación Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos, ve la pandemia de la corona como un cristal en llamas para los graves problemas del país. En particular, esto incluye la no implementación de facto del tratado de paz de 2016, pero también la sobreexplotación extensiva de la naturaleza (incluido el regreso de la minería extractivista, la ganadería extensiva, los monocultivos de palma y la deforestación en la Amazonía). Al mismo tiempo, esta política está muy alejada del objetivo político global de una mayor sostenibilidad ecológica. Esta fue una de las demandas de la huelga. La lucha contra el narcotráfico y sus consecuencias sociales es también uno de los problemas centrales en Colombia. El uso de productos químicos (por ejemplo, glifosato) se utiliza a menudo, independientemente de la población rural. 

Los manifestantes pacíficos exigen dignidad, mejores oportunidades laborales y la implementación del acuerdo de paz. © FASOL

El comportamiento autoritario y la represión contra los manifestantes también provocan un mayor resentimiento entre la población. El enfoque intransigente es visto como un intento por parte del partido gobernante y su fundador, así como del ex presidente Uribe, quien aparentemente quiere garantizar su impunidad mediante la cooptación de cargos en toda la administración pública. Después de todo, se puede culpar a numerosos escándalos de corrupción por la amargura y la ira de la gente. Solo en el último año, la corrupción causó daños al presupuesto nacional de alrededor de 11 mil millones de euros (50 billones de pesos colombianos).

Efectos sobre el poder judicial

La situación política general tiene un impacto en la situación del poder judicial. FASOL informa cuatro ejemplos que describen la situación general muy contradictoria:

Comportamiento de la Corte Suprema de Cundinamarca : El 26 de abril, la decisión de un caso reveló la falta de independencia del Poder Judicial y una flagrante violación de los derechos fundamentales. Se intentó prohibir la huelga general. La decisión fue considerada arbitraria porque el artículo 37 de la Constitución colombiana garantizaba la libertad de reunión, mientras que dicha decisión buscaba prohibir las reuniones durante la pandemia.

Decisión judicial en Manizales: El 5 de mayo, un juzgado administrativo de Manizales afirmó el derecho a la protesta y señaló que las autoridades estatales eran responsables de los excesos de violencia.

Comportamiento inconsistente de los jueces principales: Los presidentes de la Corte Suprema firmaron primero una carta abierta pidiendo al gobierno que defienda los derechos fundamentales. Solo un día después, el 6 de mayo, los presidentes de las Cortes Supremos se reunieron para reunirse con el presidente Duque. Luego publican una declaración respaldando al gobierno y (con razón) condenando la violencia y el vandalismo, sin abordar la violencia de la policía y los paramilitares al mismo tiempo. Este enfoque indiferenciado ha causado irritación tanto en el poder judicial como en la sociedad porque se esperaba una posición clara en la defensa de los derechos fundamentales. Solo dos jueces del Tribunal Constitucional aclararon su posición al respecto. Ya el 22. Para septiembre de 2020, la Corte Suprema dictaminó que el derecho a manifestarse era un derecho fundamental y que se utilizó una violencia excesiva “sistemática y arbitrariamente” con motivo de las huelgas de 2020. Se instó al ejecutivo a tomar medidas para garantizar la protesta pacífica y frenar el uso desproporcionado de la fuerza.

Error del Fiscal General Francisco Barbosa: El Fiscal General tiene un papel sensible en Colombia. A juicio de FASOL, esta función solo la cumple de manera unilateral, ya que constantemente toma partido por el gobierno y al mismo tiempo ha pedido que se tomen medidas contra la huelga general fuera de su jurisdicción. Por ejemplo, el 6 de mayo Barbosa pidió la expropiación de los vehículos de las empresas de transporte que habían bloqueado las vías. Esta demanda fue criticada por falta de conocimiento legal, porque según la ley colombiana no se aplica ningún acto de expropiación.

Durante semanas, la gente se ha estado manifestando pacíficamente contra el gobierno colombiano en todo el país; la reforma fiscal está fuera de la mesa, pero la violencia y el hambre omnipresentes permanecen. © FASOL

El diálogo como única solución

Mientras tanto, el presidente Duque ha ofrecido un diálogo. Pero después de la militarización y polarización precedentes, ese diálogo enfrenta enormes desafíos. El gobierno a menudo no ha cumplido con los acuerdos anteriores. Además, las discusiones serias sobre soluciones sustantivas siguen siendo difíciles mientras continúe la violencia excesiva de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes pacíficos. La pérdida de confianza duradera es enorme, la polarización existente en la sociedad está aumentando. Sin embargo, el diálogo sigue siendo el único camino hacia una solución.

viernes, 14 de mayo de 2021

INFORME ANUAL REGIONAL DE VIOLENCIA O.V.V. AMAZONAS


Elaborado por: Héctor Escandell García

1.- SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL ESTADO AMAZONAS

El estado Amazonas, ubicado al sur del país, comparte fronteras con las Repúblicas de Colombia y Federativa de Brasil. Con una extensión territorial de 183.500 kilómetros cuadrados, cuenta con una estructura político administrativa compuesta por 7 municipios: Alto Orinoco, Atabapo,
Atures, Autana, Manapiare, Maroa y Río Negro y 23 parroquias.

Su población estimada en 187.852 habitantes (I.N.E. – 2017), se concentra en el municipio Atures (80 %), sede de la capital estadal Puerto Ayacucho, que, a su vez, alberga alrededor del 90 % de ellos.

El territorio presenta una gran diversidad biológica dispuesta sobre ecosistemas frágiles que contienen reservas cuantiosas de minerales de alto valor económico (oro, coltan, tierras raras), que, en conjunto, viabilizan las diversas economías presentes en la entidad; una que sostiene modos de vida tradicionales mediante la provisión de alimentos y materiales, otra basada en la minería ilegal, expresamente prohibida por la legislación vigente y que mueve un conjunto de actividades de servicios y de aprovisionamiento igualmente ilícitas. Ambas se complementan con la economía formal, debilitada y altamente dependiente del sector público y una creciente economía informal urbana, basada en el comercio de alimentos, medicinas, combustible y que ha impuesto el peso colombiano como la principal moneda de cambio.

El O.V.V.–Amazonas inició sus actividades el pasado mes de octubre, lo que, aunado a la ausencia de información estadística oficial confiable, limita la posibilidad para realizar un análisis exhaustivo acerca de la situación de violencia en la entidad; no obstante, seguidamente se presentan los datos disponibles, interpretándolos analíticamente para identificar tendencias acerca de las diferentes expresiones de violencia reportadas.

1.1  Tasa de muertes violentas proyectada

Para el año 2020 la tasa de muertes violentas proyectada para el estado Amazonas es de 16.6 por cada 100 mil habitantes, lo que la ubica por debajo de la tasa nacional (45.6); sin embargo, en el caso de Amazonas, es necesario considerar que la confiabilidad y cobertura espacial de los registros utilizados en el cálculo presentan una alta incertidumbre, al tener en cuenta la debilidad de las capacidades de levantamiento de información, especialmente en los municipios del interior del estado, carentes de la estructura institucional competente y de los medios de comunicación que permitan a la población dar cuenta de lo que sucede.

Al comparar la tasa con los registros de los años 2018 (71) y 2019 (58), se observa una tendencia hacia la baja, similar a la que se reporta para el país. Para intentar explicar esta disminución asomamos algunas hipótesis complementarias:

- El deterioro sostenido de las condiciones de vida de la población en el ámbito urbano ha estimulado el movimiento migratorio, que incluiría al componente de la población que Ɵ ene en la violencia su modo de vida y que se expresa también en la reducción de las oportunidades de delinquir.

- La intención del gobierno de invisibilizar la situación real de la violencia, al ocultar las cifras oficiales. - La pérdida sostenida de capacidades de actuación de las instituciones responsables de atender el problema de la violencia y la aparente cesión de territorios peri-urbanos al control de grupos armados irregulares (ELN, paramilitares).

- El cierre intencionado de las posibilidades de tránsito y comunicación hacia el interior del territorio, donde predominan actividades ilícitas vinculadas a la minería y la presencia de grupos armados irregulares: guerrilla y paramilitares. Asumiendo las cifras disponibles, el estado Amazonas sería la entidad menos violenta del país, a diferencia de los dos años anteriores cuando ocupó los lugares 12 y 10 entre los más violentos.

1.2 Tasa de homicidios, de resistencia a la autoridad y de muertes en averiguación 

Las tasas de homicidios, de muertes por resistencia a la autoridad y de muertes en averiguación proyectadas para el estado Amazonas en 2020 han sido establecidas en 8.6; 3.1 y 4.9 por cada 100 mil habitantes. Todas por debajo de los valores nacionales de 15.9 para homicidios, 16.2 por resistencia a la autoridad y 13.4 en averiguación.

De esta forma el estado Amazonas ocuparía el lugar 21 entre todas las entidades federales en homicidios y el lugar 24 tanto en muertes por resistencia a la autoridad como en muertes por averiguación.

Al comparar los valores obtenidos para este año con los correspondientes a 2018 y 2019, se observa una orientación hacia la disminución de las tasas en cada una de las categorías. Las causas de ello parecen ser similares a las enunciadas para la tasa general de muertes violentas.

1.3 Caracterización de la violencia en el estado Amazonas

El estado Amazonas, hasta las últimas décadas del siglo XX, se caracterizó por presentar bajas tasas de violencia; la situación comenzó a variar a partir de la habilitación de la carretera que comunica la capital con el norte del país, lo que introdujo cambios en las modalidades delictivas hasta esos momentos predominantes. La ciudad creció de manera vertiginosa, sin haber estado preparada para ello, surgiendo así un conjunto de asentamientos precarios, donde se asentaron parte de los migrantes provenientes de otras regiones del país, de Colombia y de indígenas movilizados desde el interior del estado.

Desde ese tiempo, modalidades de violencia interpersonal parecen haberse arraigado en la realidad local, evidenciadas en el crecimiento de las tasas de muertes violentas, particularmente en Puerto Ayacucho. Paralelamente, ese período coincide con la intensificación de la actividad minera ilegal en la región del Alto Orinoco, con la incursión de los llamados garimpeiros provenientes de Brasil, que produjeron al menos uno de los episodios más emblemáticos de violencia, conocido como la matanza de Haximú (1992), donde fueron asesinados un número no precisado de indígenas Yanomami.

El proceso judicial derivó a la Corte Internacional de Justicia, comprometiéndose el Estado a proteger de manera especial al pueblo Yanomami. A partir del 2003, al intensificarse la presencia de mineros ilegales y grupos irregulares armados, ahora dispersos en distintas localidades del territorio y facilitada por la extensión y débil capacidad de resguardo de la frontera internacional y de los límites con el estado Bolívar, los hechos delictivos y de violencia física interpersonal se han intensificado, si bien la mayor parte de ellos no son reportados a las autoridades y consecuentemente no se incorporan a las estadísticas oficiales.

Desde 2013, la situación de invisibilidad de lo que ocurre en el interior del estado, en particular en las áreas mineras, se ha profundizado, presumiblemente promovida desde el gobierno en un momento en que se intensificó tanto la minería como la presencia de los grupos irregulares armados. Éstos tomaron el control sobre los espacios donde se emplaza la actividad minera, en ocasiones desplazando a las comunidades indígenas, otras incorporando a algunos habitantes, especialmente a los jóvenes y sustituyendo las instancias del Estado responsables de la seguridad e integridad del territorio nacional.

Podríamos concluir que, para el estado Amazonas, es posible distinguir, en términos generales, dos condiciones espaciales de la violencia: por un lado la que llamaríamos convencional urbana, asociada a los tipos de delitos comunes en otras áreas urbanas del país; y por otro lado, la violencia vinculada a la actividad minera ilegal que ocurre en todas los focos de minería, siendo esta menos visible y por tanto más difícil de registrar y documentar.

A lo anterior habría que incorporar una modalidad que denominaremos violencia tradicional indígena, que es aquella que se expresa dentro de la cultura de algunos pueblos indígenas y que por ello, aunque suele ser identificada como forma de violencia desde nuestra perspectiva, puede no serlo desde la perspectiva indígena. Otra categoría de violencia presente en el estado, es la referida a la degradación de las condiciones ambientales del territorio, especialmente la contaminación de las aguas por el uso del mercurio, la descarga de aguas servidas sin tratamiento previo a los cauces naturales, la destrucción focal de la biodiversidad por deforestación, los incendios y los procesos de urbanismo, entre otros fenómenos, que, realizada por particulares afectan al conjunto de la sociedad de distintas formas, especialmente en las condiciones vinculadas a la salud. Esta última categoría requiere mayor trabajo conceptual para sensibilizar a la sociedad y las autoridades acerca de su importancia.

2.- SITUACIÓN SECTORIAL DE LA VIOLENCIA; REALIDADES, INTERPRETACIONES Y TENDENCIAS

En este ámbito las posibilidades de interpretar la realidad e identificar tendencias, se ve limitada por la ausencia de información oficial asequible. El OVV Amazonas apenas comienza a sistematizar la información producida especialmente por los medios no oficiales. No obstante, se presentan datos recogidos durante los meses de noviembre y diciembre, con la finalidad de mostrar la ocurrencia de los distintos tipos de delitos.

2.1 Tipos de violencia

No es atrevido afirmar que en Amazonas están presentes todas las modalidades de violencia que se reportan para otras regiones del país, desde los hurtos hasta los homicidios en sus diversas variantes y la tentativa de ellos, pasando por la extorsión, la violencia de género y sexual, las amenazas, agresiones, la coacción, la violencia intrafamiliar, la ejercida contra los ciudadanos en la exigencia de sus derechos y los suicidios. Varían las tasas de ocurrencia en función de las particularidades sociales y económicas, así como el número de casos en virtud del tamaño de la población.

2.2 Móvil de los tipos de violencia

Con las mismas consideraciones preliminares anteriores, los móviles que incitan a la violencia son múltiples; entre ellos, las carencias derivadas de la crisis que podrían estar estimulando la mayoría de los delitos menores, como los hurtos, algunas formas de extorsión, amenazas, agresiones, violencia intrafamiliar y la coacción, pudiendo derivar algunos de ellos en suicidios, homicidios o tentativas de ellos. En otro contexto, delitos como la trata de personas, el contrabando, la extorsión pueden estar asociados a la delincuencia organizada en bandas que se localizan en el espacio urbano.

En el ámbito de la pandemia y la consecuente cuarentena, podrían encontrarse las causas de delitos vinculados a la violencia de género y violencia sexual, así como modalidades de violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes, los suicidios. En el marco de las protestas sociales motivadas por la crisis de los servicios públicos, los bajos salarios y la escasez de combustible, encontraremos hechos de violencia oficial como las amenazas y la represión.

En el contexto de la minería, los móviles de la violencia suelen estar asociados al control de la propia actividad y de aquellas conexas con el abastecimiento y los servicios, el control de los territorios, la distribución de las ganancias y los castigos por mal comportamiento efectuados generalmente por los grupos armados irregulares. Aquí, el sicariato y los ajustes de cuentas parecen ser frecuentes.

3.- DESCRIPCIÓN Y CONJETURAS DE INTERPRETACIÓN DE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

Como en los ítems anteriores la posibilidad de descripción e interpretación se ve limitada por la ausencia de información confiable.

3.1 Caracterización de los patrones espaciales de las muertes violentas según municipios: Los datos disponibles muestran que solo los municipios Atures y Atabapo reportan muertes violentas; para el primero de ellos las tasas de muerte por violencia se ubica en 22 por cada cien mil habitantes, respondiendo los homicidios por una tasa de 11; las muertes por resistencia a la autoridad a 4.2, y las muertes en averiguación a 6.8. El predominio urbano de la población del municipio explicaría la posición de liderazgo en el estado.

En el caso del municipio Atabapo, la tasa reportada de muertes violentas es de 10.5, toda ella concentrada en la categoría de homicidios. San Fernando de Atabapo, capital del municipio, es el segundo mayor centro poblado de la entidad y se caracteriza por actuar como un nodo desde donde los mineros se desplazan hacia el interior del territorio y desde donde una parte no determinada del producto minero ingresa a Colombia. La ausencia de datos para el resto de los municipios se explicaría por la ausencia de las autoridades competentes y las dificultades de comunicación y traslado.

4.- CAMBIOS EN LOS PATRONES DE VIOLENCIA COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA Y LA CUARENTENA

En términos generales, la pandemia y la cuarentena podrían estar desempeñando un rol relevante en la disminución de la tasa general de muertes violentas, hecho que puede trasladarse a las tasas diferenciadas de homicidios y muertes por resistencia a la autoridad; sin embargo, no disponemos de antecedentes de información específica y confiable para corroborar esta conjetura.

5.- LA SITUACIÓN DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL, PROTESTAS Y REPRESIÓN POLÍTICA

El año 2020 se ha caracterizado por ser un período de alta conflictividad social al compararlo con años anteriores, esta realidad ha sido evidente aun cuando no se conozcan registros anteriores. La protesta se ha convertido en el medio de expresión social más utilizado para cuestionar la respuesta pública en temas como las carencias de gas doméstico y gasolina; las deficiencias en el servicio de agua potable, tanto por la cobertura del acueducto como por el suministro de los camiones cisterna, han sido de las más frecuentes.

Otras causas de protesta se asocian al precario servicio eléctrico, al costo de la vida, al servicio restringido de la banca pública, a la ubicación del comercio informal en la trama urbana, a las fallas recurrentes del transporte público hacia las comunidades de los ejes carreteros y a las condiciones de la infraestructura y de los servicios de salud.

En general, las protestas se han caracterizado por la dispersión espacial, el escaso número de participantes y el bajo impacto en la colectividad. Las autoridades civiles y los órganos de seguridad competentes, en general, han actuado privilegiando la negociación. Únicamente en el caso de la ubicación del comercio informal se han reportado hechos de violencia física asociados a la represión.


lunes, 12 de abril de 2021

 

LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y LA LUCHA POR LA DEFENSA DE SUS TERRITORIOS EN EL ESTADO AMAZONAS

Por: Alicia Moncada y Aimé Tillett

Tomado de La Iglesia en Amazonas Nº 68

 

El estado Amazonas proyecta el territorio venezolano hacia el sur, casi hasta la línea ecuatorial, haciéndonos parte de la cuenca amazónica. La entidad fronteriza colinda por el este y el sur con Brasil y por el oeste con Colombia, y es la segunda a nivel nacional en extensión geográfica; sus 177.617 Km2 la hacen mayor que Uruguay, Grecia, Corea del Norte o Cuba. Su variado relieve abarca llanuras, serranías, montañas y tepuyes que alcanzan hasta 3.800 m.s.n.m. Su extensa red hidrográfica incluye importantes ríos como el Orinoco, Ventuari, Guainía, Negro, Atabapo, Sipapo, Cataniapo, entre muchos más.

Su geografía está principalmente cubierta por formaciones boscosas con alta pluviosidad y ecosistemas con altos niveles de endemismo. Esto hace de Amazonas una de las regiones con mayor diversidad biológica a nivel nacional, contando además con numerosas y amplias Áreas Bajo Régimen de Administración Especial establecidas como fi guras de protección ambiental, entre las que destacan: 5 Parques Nacionales, 10 Monumentos Naturales, 1 Reserva Forestal, 1 Zona Protectora y 1 Reserva de Biósfera. De acuerdo al censo del año 2011, la población total es de 146.480 habitantes, de los cuales 76.314 son indígenas, representando el 53,87 % de la población, lo que la convierte en la entidad federal con mayor proporción de población indígena del país, amén de su diversidad cultural, estando habitada por 20 pueblos indígenas, a saber: Baniva, Baré, E’ñepa, Inga, Jivi, Jodi, Kubeo, Kurripako, Mako, Mapoyo, Piapoko, Piaroa, Puinave, Sáliva, Sanema, Warekena, Yanomami, Yabarana, Ye’kuana y Yeral.

Las luchas de los pueblos indígenas de Amazonas en defensa de su sobrevivencia cultural y por la reivindicación de sus derechos territoriales se remontan a las décadas de 1970 y 1980, con las invasiones de terratenientes criollos en las sabanas de Kakurí, en el río Ventuari, en territorio Ye’kuana, así como en Valle Guanay en el alto Guaviarito, territorio Uwottüja (Piaroa), ambos en el municipio Manapiare. Estos casos fueron determinantes en la movilización y reunión de líderes y comunidades indígenas para la defensa de sus territorios y, más adelante, en la conformación de organizaciones indígenas de base como la Unión Maquiritare del Alto Ventuari (UMAV) y la Organización Indígena Pueblo Uwottüja del Sipapo (OIPUS), entre otras, como parte del movimiento indígena que se gestaba a nivel nacional y que logra forma definitiva en 1989 con el Consejo Nacional Indio de Venezuela (CONIVE). La Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) fue creada jurídicamente en septiembre de 1993 como resultado de la protesta por la exclusión de los indígenas en la definición de la Ley de División Político-Territorial del recién creado Estado Amazonas, ganando la demanda introducida ante la Corte Suprema de Justicia. La Masacre de Haximú ocurrida en julio de 1993 y en la que 16 indígenas fueron asesinados por mineros ilegales o garimpeiros, en una comunidad yanomami ubicada muy cerca de la frontera con Brasil, llamó la atención a nivel nacional e internacional sobre la invasión a gran escala de mineros ilegales provenientes de Brasil, que se desbordó hacia Venezuela con grandes impactos –que persisten aún hoy- en la salud de las comunidades indígenas y los ecosistemas amazónicos1.

La conquista jurídica de los derechos territoriales indígenas

A partir del proceso constituyente de 1999, Venezuela se define como un país multiétnico y pluricultural, que reconoce y garantiza la existencia de los pueblos y comunidades indígenas. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999 y un conjunto de instrumentos legales garantizan un amplio marco de derechos específicos y representan innegables avances históricos en las luchas del movimiento indígena. Por primera vez en la historia nacional se impulsó la participación de representantes indígenas en espacios de poder y cargos de elección popular, las instituciones procuraron adaptarse a la nueva normativa, y se creó el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (MINPI), como órgano rector de la política pública en el  ámbito indígena. Los derechos territoriales de los pueblos indígenas están plenamente reconocidos en el Capítulo VIII de la CRBV. El artículo 119 establece que: El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en la ley.

Esta disposición acentúa la importancia del territorio para el bienestar material, social, económico y espiritual de los pueblos indígenas, siendo el espacio físico y simbólico que le da sustento a las identidades étnicas, cosmovisiones y modos de vida; precisamente porque las culturas indígenas son reflejo de su territorialidad. El artículo también establece el deber del Estado de demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de los hábitats y tierras, lo que implica el reconocimiento de la relación originaria o aborigine de los pueblos indígenas con sus territorios. La demarcación es un imperativo constitucional que busca saldar la deuda histórica de la Nación venezolana con sus habitantes originarios, y obliga al Ejecutivo nacional a delimitar, junto a los pueblos indígenas, el espacio donde hacen vida, proceso que está regulado por la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas (2000) y por la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005).

Aunque la CRBV señala que la demarcación debe ser realizada por el Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, en la Ley de Demarcación también se reconoce la posibilidad de que los propios pueblos y organizaciones indígenas presenten sus proyectos de autodemarcación. En vista de la falta de avances en el ejercicio efectivo de este derecho, particularmente en el estado Amazonas, las organizaciones indígenas optaron por la estrategia de realizar y presentar sus propios proyectos de autodemarcación ante la Comisión Regional de Demarcación del Hábitat y Tierras Indígenas para ser convalidados oficialmente dentro del proceso nacional de demarcación.

El movimiento indígena amazónico reactiva su agenda de lucha

Para el año 2010, a una década del nacimiento de la CRBV, el avance e implementación de los derechos territoriales indígenas era bastante limitado. El movimiento indígena se encontraba sin una agenda propia de lucha y con escasa independencia frente a la política gubernamental. El nacimiento de la indiocracia venezolana, caracterizada por la cooptación de líderes y lideresas del movimiento indígena, y –en el peor de los casos– la creación estatal de liderazgos artificiosos que carecen de legitimidad comunitaria, incidió en el aletargamiento de las  organizaciones indígenas de base. Este era el caso de ORPIA, que se encontraba inactiva, con la Junta Directiva vencida y absolutamente cooptada por la indiocracia. La falta de avances concretos en la implementación de sus derechos –especialmente en materia de demarcación territorial– fue generando un clima de descontento entre los pueblos indígenas y sus organizaciones, desilusionados con el gobierno en el que habían cifrado sus esperanzas. Por su parte, el Gobierno nacional a través del MINPI venía desarrollando una política de corte asistencial y paternalista, obviando la propia visión y capacidad de las comunidades para la solución de sus problemas, cuestionando a las organizaciones indígenas y sus autoridades tradicionales, causando divisiones y conflictos. Esta situación impulsó en el 2010 a las organizaciones de base del estado Amazonas a tomar acciones para la reactivación y unificación del movimiento indígena amazónico en torno a una agenda de lucha común, desvinculada de los intereses del Estado Nación, centrada en la demarcación de los territorios, la defensa del bosque amazónico con la participación efectiva de las comunidades y el cuestionamiento a los mega proyectos extractivitas que durante ese año comenzaron a anunciarse (Arco Minero del Orinoco y Convenio con la empresa china Citic Group para la exploración y cuantificación de reservas minerales).


Un paso fundamental en esa dirección fue la configuración de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (COIAM) en el año 2012, como un espacio permanente de diálogo, articulación y toma de decisiones consensuadas en el que participan alrededor de una veintena de organizaciones indígenas; otro paso importante ha sido la reactivación de ORPIA, a partir de septiembre del 2013, por su rol de organización regional y su vínculo con la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). Con base en esta plataforma organizativa y una agenda de lucha definida, se han desarrollado una serie de actividades, estrategias y pronunciamientos que buscan posicionar en la opinión pública las reivindicaciones del movimiento indígena. Así mismo, desde el año 2014 las organizaciones de mujeres como Wanaaleru y OMIDA han comenzado un trabajo de visibilización de las consecuencias socioambientales de la minería ilegal y otros problemas que afectan especialmente a las mujeres, adolescentes y niñas indígenas.

 Entre los pronunciamientos más importantes de las organizaciones indígenas amazónicas referentes a la demarcación se cuentan los de marzo, abril y mayo de 2011, relacionados con el decreto presidencial Nº 7.855 (26/11/10) que reestructuraba y reorganizaba la Comisión Nacional de Demarcación de Hábitat y Tierras Indígenas; en agosto de 2012, sobre las actuaciones de la Comisión Regional de Demarcación del Estado Amazonas que vulneraban los derechos constitucionales indígenas, donde se señaló la forma apresurada e inconsulta en que se estaban aprobando los informes técnicos sin tomar en cuenta las propuestas de autodemarcación (por ejemplo, el pueblo Jotï vio reducida la superficie de su solicitud en un 42,2 %); y en noviembre de 2014, sobre el balance del proceso nacional de demarcación al cumplirse 15 años de aprobada la CRBV, manifestando que “faltaría por demarcar el 87,6 % de los hábitat y tierras indígenas” del país, evidenciando que “falta de voluntad política con relación al desarrollo del proceso de demarcación”. Los pronunciamientos y acciones contra la minería legal e ilegal en los territorios indígenas han sido otra prioridad para el movimiento indígena de Amazonas. Entre los más relevantes podemos señalar el de agosto del 2012 donde se denunciaba la presunta masacre de indígenas yanomami en la comunidad Irotatheri cometida por garimpeiros brasileños; y en septiembre, un segundo comunicado donde exigieron que se continuara con la investigación hasta llegar a la comunidad Irotatheri.

Desde el 2012 hasta el 2016, la COIAM se pronunció en cuatro comunicados en relación a la minería ilegal y la inoperancia estatal para controlarla, en lo que se incluye una comunicación dirigida al Presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestando preocupación por el incremento de esta actividad ilícita en zonas protegidas, la destrucción de grandes extensiones de selva, la alteración de cauces de ríos y la contaminación con mercurio. Es importante recordar que la COIAM tomó una firme postura en el año 2013 contra la implementación del Arco Minero del Orinoco y el acuerdo con la empresa china Citic Group, solicitando al Gobierno nacional tanto la moratoria de los proyectos mineros como una revisión profunda de la política minera y ambiental. En junio del 2014 realizaron un pronunciamiento sobre la promulgación del Decreto N° 841, que creaba la Comisión Presidencial para la Protección, el Desarrollo y Promoción Integral de la Actividad Minera Lícita en la Región Guayana, que buscaría implementar el llamado Arco Minero del Orinoco, donde expresaron su preocupación por la falta de consulta previa e informada a los pueblos indígenas afectados, y solicitaron al Gobierno nacional una moratoria de la actividad minera al sur del Orinoco.

Logros, amenazas y retos de las organizaciones indígenas de Amazonas

Uno de los principales logros de las organizaciones indígenas de Amazonas en la reivindicación de sus derechos territoriales, ha sido la elaboración y presentación, ante la Comisión Regional de Demarcación, de sus proyectos de autodemarcación territorial. Estos han sido los casos de los Ye’kuana del Alto Orinoco a través de su organización Kuyujani Originario, que definió su autodemarcación desde la primera mitad de los años 1990; la autodemarcación Uwottüja de la cuenca del río Sipapo, llevada adelante por la organización OIPUS; la autodemarcación multiétnica Yabarana-Piaroa-PanareJotï del Sector Parucito-Manapiare-Yutajé, presentada por la Organización Yabarana del Río Parucito, Manapiare (OIYAPAM); la demarcación multiétnica del Municipio Atures, presentada por la Confederación Indígena Bolivariana de Amazonas (COIBA); el proyecto de autodemarcación del pueblo Jotï; la autodemarcación de los Ye’kuana del Alto Ventuari, presentada por la organización Kuyunu; la autodemarcación del territorio Yanomami, presentada por la organización Horonami, entre otras. De todas estas solicitudes, la única demarcación reconocida y titulada ha sido la del pueblo Jotï, aunque el título adolece de fallas y la superficie demarcada es muy inferior a la solicitada en el proyecto original. Es importante señalar que la mayoría de estos procesos –que suelen ser largos, complicados y costosos– los han realizado los indígenas con sus propios recursos, muchas veces sin apoyo de las instituciones gubernamentales responsables de la demarcación.

El apoyo de varias instituciones y aliados de las organizaciones indígenas ha sido importante en este sentido: entre estos podemos señalar el Centro de Antropología del IVIC, la UCV, la UNEG, la Asociación Otro Futuro, el Centro de Educación Para la Autogestión Indígena – CEPAI, el Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía, Wataniba, y otros. Un importante logro ha sido la visibilización ante la opinión pública –a través de comunicados y otras acciones–, de las amenazas vinculadas a la minería ilegal y la compleja problemática asociada a la economía minera, sus relaciones con actores armados no estatales que se identifican como integrantes de las FARC y el ELN, y la implicación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Además, han señalado otros aspectos vinculados a la economía minera que no son generalmente tomados en cuenta, tales como la trata de mujeres con fines de explotación sexual en zonas de extracción; el contrabando de combustibles, medicamentos y alimentos que nutren los campamentos mineros; la severa contaminación de las cuencas hidrográficas y los graves daños al bosque amazónico; todo ello invisibilizado por el Estado y sus entes competentes. Una de las mayores amenazas que enfrentan las organizaciones indígenas de Amazonas se relaciona precisamente con el peligro que corren, en sus territorios, al denunciar la presencia y las actividades ilícitas de los actores armados no estatales, y de la propia FANB. El gran reto que tienen por delante las organizaciones indígenas es la reactivación del proceso nacional de demarcación, frente a la amenaza que representa el mega proyecto del Arco Minero del Orinoco, en tiempos de una Asamblea Nacional Constituyente, sin una agenda clara sobre el futuro de los derechos indígenas, debido a su filiación con una indiocracia que responde a los intereses económicos del Ejecutivo Nacional. Asimismo, enfrentan la poderosa incidencia de ciertos intelectuales de izquierda y representantes del estamento militar –con gran influencia en el ámbito gubernamental–, que continúan anclados en el paradigma de la nación homogénea (monoétnica, monocultural y  monolingüe). Personajes que siguen viendo en las reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas, una amenaza a la integridad del Estado nacional y a la “cultura nacional” mestiza.

Fuentes consultadas

ARVELO-JIMÉNEZ, NELLY. JIMÉNEZ SIMEÓN (Eds.). Atlas Dekuana. S.L.: Asociación Kuyujani Originario y Asociación Otro Futuro. 2001.  BELLO, LUIS. Derechos de los pueblos indígenas en el nuevo ordenamiento jurídico venezolano. Copenhague: IWGIA. 2005. BELLO, LUIS. El reconocimiento constitucional de la existencia de los pueblos y comunidades indígenas y de los derechos originarios sobre las tierras que ocupan. En: Bello, Luis (Ed.). El Estado ante la Sociedad Multi étnica y Pluricultural. Políticas Públicas y Derechos de los Pueblos Indígenas en Venezuela (19992010). Caracas: Wataniba; Copenhague: IWGIA. 2011. CONDE, AMELIA. MONCADA ALICIA. Memorias del Segundo Congreso de Mujeres Indígenas de Autana. Puerto Ayacucho: Ediciones Wanaaleru. 2014. Disponible en: https://wanaaleru. wordpress.com/2016/04/08/omidapublicamemorias-de-la-segunda-asamblea-de-mujeres-indigenas-de-autana/. LABORATORIO DE PAZ. Diagnóstico sobre el derecho a la asociación indígena en Venezuela. S.L.: Laboratorio de Paz. S/F. Disponible en: http:// laboratoriosdepaz.org/wp-content/uploads /2014/10/diagnostico_indigena.pdf.

martes, 30 de marzo de 2021

Mujeres indígenas expuestas a prostitución y trata de personas por emergencia humanitaria

Marzo, 2021

O.E.P. Venezuela

Por Yohana Marra para  Crónica Uno

Como parte de nuestras #AlertasOEP y de las acciones del Grupo de Trabajo Mujeres, Cuerpos y Territorios, compartimos el reciente reportaje que denuncia la situación de vulnerabilidad de mujeres indígenas en Venezuela, ante la grave emergencia humanitaria que las empuja a redes de prostitución y de trata de personas.

Según la organización Kapé Kapé las mujeres indígenas se han visto obligadas a emigrar y son especialmente vulnerables a redes de trata de personas, explotación sexual, prostitución o abuso sexual. Entre enero y junio 2018 se registraron 14 femicidios de indígenas y 15 fueron víctimas de abuso sexual.

Caracas. Una madre necesitaba trabajo y desesperada pidió empleo en una mina. Pero fue amenazada de muerte si no llevaba a su hija también. Ante el temor de ser asesinadas, la joven no tuvo otra opción que irse a la mina y dejó a su madre en casa. Ahora la visita cada 15 días con la supervisión de un miembro de las minas.

Esta es la realidad de las mujeres indígenas venezolanas. La crisis económica y el mal funcionamiento de los servicios públicos las ha empujado a buscar trabajo en las minas o a aceptar ofertas de trabajo doméstico que resultan engañosas, pues cuando llegan estos lugares son víctimas de abuso sexual o las venden por gramas de oro. El precio de cada mujer varía de acuerdo con su edad y según la zona extractiva hasta donde será trasladada.

“En muchas ocasiones las obligan a participar en actividades delictivas de militares, mineros o grupos armados y las consecuencias de este tipo de violencia se traducen en un incremento de muertes violentas de las indígenas”, explicó Mariela Molero, abogada de la ONG Kapé Kapé, durante un foro chat de la violación a los derechos de la mujer indígena.

La organización, que vela por los Derechos Humanos de los pueblos indígenas, ha documentado que las mujeres son víctimas de explotación laboral, sexual y son intercambiadas entre los mineros.

Entre enero y junio 2018 se registraron 14 femicidios y cinco víctimas de abuso sexual, en el estado Bolívar, según los datos de la Comisión de los Derechos Humanos y Ciudadanía citados por Kapé Kapé. Los crímenes fueron reportados en el municipio Caroní, El Callao, Sifontes y Heres del estado Bolívar, donde también asesinaron de forma violenta a 12 mujeres.

En el estado Amazonas, las principales víctimas de femicidios tenían entre 11 y 22 años de edad, y según los registros de la organización, antes fueron obligadas a la prostitución. También conocieron que en Delta Amacuro una indígena fue víctima de violencia sexual, psicológico, física y verbal, y una adolescente warao también sufrió acoso sexual y psicológico.

Pocos son los registros de los estragos de la violencia en las mujeres indígenas, la mayoría no cuenta nada por temor y las autoridades no ofrecen cifras oficiales,. El reporte más reciente lo hizo el fiscal ―designado por la ANC― Tarek William Saab, durante el informe de su gestión el 25 de febrero, cuando indicó que entre agosto de 2017 y diciembre de 2020 habían ocurrido 610 femicidios en Venezuela. Sin embargo, no especificó cuáles eran los estados más afectados ni ofreció detalles, en este caso, de etnias indígenas.

Sin embargo, Kapé Kapé ha recopilado algunos datos de las etnias en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. En 2019, la organización documentó casos de indígenas que fueron víctimas de intimidación, amenazas y hostigamiento, principalmente contra líderes de las etnias pemón, yukpa y wayúu, que fueron agredidas, secuestradas y víctimas de tratos crueles.

“Son víctimas de maltrato físico, violencia psicológica y violencia sexual. Abusan sexualmente de ellas y las obligan a ejercer la prostitución. Estos tipos de violencia generan vulnerabilidad e incertidumbre y algunas ni siquiera quieren contar su historia porque han desaparecido o muerto. La mayoría de los casos quedan sin registros, el incremento solo revela la impunidad y la injusticia”, explicó Molero.

Entre las etnias afectadas por estos tipos de violencia se encuentran piaroa, warao, yekuana, cahima, sanumá, en los tres estados investigados por la ONG.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) documentó la muerte de 80 indígenas entre 2017 y 2020, en el informe Actividades para Poblaciones Indígenas.

Las mujeres indígenas cumplen un rol importante dentro de sus comunidades, son las encargadas de transmitir las tradiciones espirituales, la defensa de sus tierras, de los recursos naturales y las propiedades de las plantas tradicionales. 

También conservan las vestimentas tradicionales y sus costumbres, aunque son discriminadas en ambulatorios al momento del parto, no respetan sus creencias.

Leer más: https://www.ecopoliticavenezuela.org/2021/03/15/mujeres-indigenas-expuestas-a-prostitucion-y-trata-de-personas-por-emergencia-humanitaria/

lunes, 15 de marzo de 2021

 REFLEXIONES ACERCA DE LA DEMOCRACIA

Por: Héctor Escandell García

La evidencia creciente de que algo está cambiando en el escenario político global y que ese o esos
cambios parecen estar al margen de la participación consciente de gran parte de la sociedad mundial, sin estar seguros de si se trata de un proceso realmente transformador  o simplemente de un reacomodo de las fuerzas dominantes, nos motiva a reflexionar en torno al concepto de Democracia.

La literatura nos ofrece diversas definiciones de Democracia; la mayoría la reconoce como un sistema político, expresado en una forma de gobierno de los Estados, que se sustenta en la soberanía del pueblo y su derecho a elegir y controlar a sus gobernantes. Presupone el poder del pueblo, ejercido mediante mecanismos de participación en la toma de decisiones políticas.

Desde aquí, si entendemos por pueblo a las personas que forman parte de los Estados, sin distinción de raza, credo, condición económica, género o de cualquier otra categoría discriminatoria, y comprendemos las condiciones de precariedad en las que viven miles de millones de seres humanos, podríamos concluir que la Democracia (sistema generalizado de gobierno, al menos en el papel) puede y debe ser cuestionada como sistema político en base a sus resultados.

 Pero también, podemos pensar que la Democracia, como producto de construcción social humana, no puede ser perfecta y sí perfectible; es decir que a par r del reconocimiento de los errores, podríamos promover las acciones correctivas permanentes para mi gar o resolver los problemas que aquejan a la humanidad.

Pasamos entonces a reflexionar si lo anterior es posible en el marco de unas estructuras de poder: político, económico y militar, que además de estar consolidadas, parecen entenderse, a pesar de la confrontación entre los actores con poder real, en aras de mantener sus privilegios. La pregunta que surge sería ¿Cuál es la posibilidad real de que el pueblo pueda incidir en esos procesos de confrontación en defensa de sus intereses vitales; aquellos que realmente transformen las condiciones de precariedad que caracteriza nuestras vidas?

Podríamos revisar múltiples ejemplos de acción popular que, aparentemente, han logrado imponerse ante el poder, y podríamos concluir que los cambios resultaron más aparentes que reales.

 Las categorías acordadas para definir los distintos tipos de democracia podrían ayudarnos en el análisis. La democracia representa va, modalidad dominante; la democracia par cipa va, promovida como opción para regenerar la viabilidad social del sistema y, la democracia indirecta, de raíces antiguas y hoy calificada como impracticable por las mismas estructuras construidas para soportar las bases del sistema: esencialmente los Estados nación y toda la parafernalia discursiva dirigida a dividir a la humanidad (nacionalidad, patria, soberanía…) y el instrumento expresado en los par dos políticos, de cualquier orientación y o posición ideológica.

El caso de los par dos políticos es par cularmente interesante. De haber nacido como estructuras organiza vas para establecer y viabilizar la Democracia, parecen haberse transformado en estructuras impermeables a la realidad que afecta alas grandes mayorías de seres humanos, al menos en la voluntad efectiva de corregir (aunque mantengan discursos reivindicadores del interés común); su rol es cada día más cuestionado, debilitando así las bases del sistema y abriendo espacios para el surgimiento de formas de gobierno autocráticas, personalistas y otras modalidades contrarias a los objetivos humanistas de establecer el respeto a los derechos humanos: la libertad individual; la libertad de asociación y participación política; la distribución del poder y la alternancia; la libertad de prensa y opinión, incluida la política; la igualdad ante la Ley; la no discriminación; el respeto y reconocimiento de la naturaleza,  como principios de orden social. 

Ante una realidad que nos arrolla, ¿Qué podríamos hacer? Es la pregunta que cada uno de nosotros debe responder. Desde mi perspectiva: promover la tolerancia, el respeto a la opinión ajena, a la naturaleza  y a la vida humana, deben ser conductas que orienten la acción; procurando la Paz ante la barbarie de la guerra es mulada por quienes se benefician de ella.

Recordemos a Winston Churchill: De hecho, se ha dicho que la democracia es la peor forma de gobierno, a excepción de todas las otras que se  han probado de vez en cuando.