LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO DESDE LA ACCIÓN DE LA  OFICINA DE DERECHOS HUMANOS DEL VICARIATO APOSTÓLICO DE PUERTO AYACUCHO/AMAZONAS ¡REFLEXIONES...!

POR: GRACE C. MARCANO DE E.

ODDHH VAPA

En el marco de la conmemoración del 30 aniversario de la Oficina de Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, se presenta el tema de la Violencia Basada en Género (VBG) como tema para la reflexión, dirigido a motivar la sensibilización y la acción social, tanto en la prevención como en la intervención ante hechos que vulneran el Derecho de la mujer a una vida libre de violencia, derecho humano universal e inalienable.

La Organización de las Naciones Unidas define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada. Partiendo de esta conceptualización universal, la VBG se manifiesta de diversas formas, dependiendo de las culturas existentes y sus sistemas de creencias, pero siempre con marcada intención de controlarlas, limitarlas, intimidarlas, amenazarlas y silenciarlas, impidiendo el ejercicio de sus libertades y goce efectivo de sus derechos.

Es por ello que ha sido difícil y complicada su detección e intervención porque, de acuerdo a usos y costumbres en la sociedad, se han normalizado las múltiples formas de violencia (en la legislación venezolana existen 19 formas tipificadas como delito, en la Ley Orgánica del Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia).

Según el Observatorio Venezolano de la Violencia, en su más reciente informe (2021), se considera que la VBG representa un deterioro sostenido de las garantías de derechos humanos. La falta de registros oficiales convierte la violencia contra la mujer en una epidemia totalmente silenciosa, que no ha sido atacada por las autoridades venezolanas adecuadamente. Pareciera que estos hechos son considerados un problema menor que sólo se producen en contextos de pobreza y marginalidad, pero lo cierto es que se trata de un asunto cultural, que afecta a todos los estratos sin ningún tipo de distinción. También se afirma que con la pandemia y el confinamiento en los hogares, la violencia de género ha tenido dos graves expresiones: 284 homicidios de mujeres, de los cuales el mayor porcentaje califica como Femicidio, que es “el asesinato por parte de hombres, motivados por el desprecio, odio, el placer o el sentido de propiedad sobre las mujeres” (Diana Russell, 1976); diferente es el término Feminicidio, que es el conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional, que favorece la fractura del Estado de derecho y con ello la impunidad para condenar los asesinatos de mujeres; esto es lo que distingue el término feminicidio de femicidio (Legarde).

Es notable que la mujer hoy día, haya tomado socialmente una figura primordial como sujeto de derecho, deslastrándose de subordinaciones y discriminaciones de la figura masculina dominante que la limitaba culturalmente a la figura doméstica. La actuación de la mujer ha tenido un progreso participativo en el área social, educativa, política y laboral, que genera en ella un gran desarrollo personal, siempre en la búsqueda de la reivindicación de sus derechos, inspirada en los principios de igualdad y justicia social.

Este avance ha fortalecido la figura femenina cada vez más comprometida a la lucha, a la participación social activa, evidenciando roles relevantes y significativos. Sin embargo, es en situaciones de violencia cuando la mujer es la víctima más vulnerable, la que se encuentra más propensa a diversos tipos de agresión; esto conlleva a que la violencia de género se manifieste como un grave problema de violación de los derechos humanos.

A lo largo de estos 30 años de la Oficina de Derechos Humanos (ODDHH) promoviendo y defendiendo los derechos de los más vulnerables, el abordaje al tema de la violencia ha sido permanente y se ha intensificado la acción en la última década en lo referente a la Violencia Basada en Género. La realidad en Puerto Ayacucho o en Amazonas, no es muy distinta a lo descrito a nivel nacional; nos diferencia la multiplicidad étnica existente, con cosmovisiones y costumbres, que en algunos casos normalizan la violencia contra la mujer.

En nuestra experiencia atendiendo a sobrevivientes de violencia, también hemos vivido la impunidad, la criminalización de las sobrevivientes, la pasividad o inacción de los órganos competentes para proteger y defender a las mujeres de la violencia infringida, el desconocimiento de las estadísticas oficiales en esta materia y las vulneraciones de derechos de la mujer por razón de raza y cultura, Las formas de violencia con mayor incidencia en los casos atendidos es la violencia institucional, el deterioro sostenido de las capacidades del Estado para atender las demandas de las mujeres en la salud y la justicia son casos recurrentes, con énfasis en la desatención o precaria atención de mujeres, adolescentes y niñas indígenas.

Otra forma de violencia reiterada en nuestros casos, es la violencia doméstica que generalmente viene acompañada de violencia física, psicológica, acoso, hostigamiento, amenazas, violencia patrimonial y maltrato a niños, niñas y adolescentes de la familia; le sigue la violencia sexual, amenazas, acoso, agresiones físicas y psicológicas, por parte de funcionarios del Estado: funcionarios públicos y de órganos de seguridad civil o militar. Todo ello con consecuencias muy penosas en la calidad de vida de las personas, en la convivencia familiar, social y en la debida atención a las víctimas de violencia y de la vulneración de los derechos humanos.

Frente a esta realidad, la ODDHH ha desarrollado estrategias y acciones dirigidas a la prevención de la violencia de género a través de la formación (talleres, foros, conversatorios y seminarios, entre otros), apoyo a las organizaciones femeninas de base, el uso de los medios de comunicación y las plataformas digitales, atención focal en las diversas comunidades indígenas aledañas a la capital y, menos frecuentemente, hacia los municipios más alejados, dadas las limitaciones del alto costo del combustible y de la logística necesaria. Asimismo, asesora jurídicamente la demanda de personas afectadas por la violencia de género, sin ningún tipo de discriminación, bien sea en direccionar hacia los proveedores de servicios institucionales y no gubernamentales, como en la atención psico-social, algunas veces coordinando la atención requerida con aliados locales y/o nacionales.

De tal manera que la experiencia de servicio brindada nos permite formular algunas reflexiones para erradicar o minimizar la VBG y su impacto tanto en lo personal/ familiar como en nuestra sociedad: Lo que cada uno de nosotros haga con su acción ciudadana, en su espacio cotidiano, será un aporte relevante en la exigencia del respeto a los derechos y la construcción de una sociedad solidaria.

 Lo que hagamos por la no violencia, será siembra de esperanzas y fortalecimiento de la lucha por el respeto a los DDHH. Para todos nosotros es urgente:

 •   Impulsar la promoción y la defensa de los DDHH, visibilizando la realidad y ejerciendo el derecho a la exigibilidad del respeto al Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia.

•  Promover espacios para el debate y la discusión de temas como la impunidad, desprotección y corrupción que se producen alrededor de la violencia contra la mujer. 

•    Asumir el compromiso de la educación, no sólo en temas de violencia contra la mujer, sino frente a la discriminación y abuso a la población históricamente vulnerada como los pueblos indígenas. Asimismo, entender que la violencia ejercida contra niños, jóvenes y hombres en general, también es tema de atención en materia de DDHH, aunque no se les considere especialmente vulnerables.

•  Una línea estratégica y transversal en las acciones que podamos desarrollar para combatir la violencia de género, es contribuir con el empoderamiento de la mujer en el ámbito de los DDHH en contexto familiar, social, laboral, en todos los espacios donde se desenvuelvan.

 •  Fortalecer la sororidad, término para referirse a la solidaridad entre mujeres, especialmente ante situaciones de discriminación, violencia y actitudes y comportamientos que vulneren sus derechos.

 •  La atención psicológica es un servicio que debe acompañar todo proceso, para recuperar la autonomía y el control de la vida de las sobrevivientes de VBG.

 •  Las campañas y la capacitación contra la violencia de género deben permanecer. Podemos educar desde nuestros espacios, para crear conciencia en la igualdad de derechos y el respeto por la vida y la dignidad humana.

 Basta de violencia e impunidad en Amazonas: Justicia YA ante asesinato de Virgilio Trujillo

PROVEA

Caracas, 01 de julio de 2022

Virgilio Trujillo

Con gran preocupación, el Observatorio para la defensa de la vida – ODEVIDA, Capítulo Venezuela denuncia el asesinato de líder indígena defensor del ambiente y el territorio, coordinador de Guardianes territoriales Uwottujja del municipio Autana, VIRGILIO TRUJILLO ARANA. Según información brindada por la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) fue asesinado el jueves 30 de junio de 2022, en Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, Venezuela.

VIRGILIO TRUJILLO ARANA, participaba como miembro de la Organización Indígena Piaroas Unidos del Sipapo (Oipus) de las actividades de la Guardia Indígena Territorial de su comunidad, luchando por mantener su territorio libre de la extracción de minerales y de la presencia de fuerzas irregulares de la guerrilla colombiana que operan en la zona.

Esta situación irregular, fue denunciada por ODEVIDA en diciembre de 2021 en el “Informe sobre ambiente y territorio en Venezuela: Las consecuencias del extractivismo en Venezuela: ecocidio y violencia”, donde se afirma que la organización: “En junio de 2013 la Organización Indígena Piaroas Unidos del Sipapo (Oipus) notificó al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo la situación, pero esas instituciones no realizaron ninguna acción. Posteriormente en diciembre acudieron a la Fiscalía General de la República y a la Asamblea Nacional para reiterar su denuncia sobre la presencia de mineros ilegales, trasnacionales mineras y guerrilleros de las FARC en territorio venezolano, sin lograr tener un derecho de palabra ante esa instancia parlamentaria.” 

ODEVIDA, ha registrado que entre 2013 y 2021, 32 líderes indígenas y ambientales líderes fueron asesinados, 21 de ellos asesinados por sicarios mineros o miembros de organizaciones guerrilleras colombianas, y 11 por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Las fuerzas irregulares o actores no estatales responsable de la violencia que afecta a las comunidades indígenas en los estados Bolívar y Amazonas son bandas de delincuentes denominadas «sindicatos» o «pranatos”; garimpeiros ilegales brasileños y miembros de las guerrillas colombianas, entre ellas el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Disidencias).

El asesinato de VIRGILIO TRUJILLO ARANA reafirma el diagnóstico de la organización internacional Mongabay Latam sobre que “No hay quien proteja a los defensores ambientales de Venezuela”. Por ello, ODEVIDA ratifica que, para superar esta realidad que debilita la labor de defender derechos, en este caso el derecho al ambiente sano y al uso y disfrute del territorio, es necesario que el Estado venezolano, implemente las siguientes medidas:

Garantizar una pronta y eficaz investigación y reparación, sancionando a los responsables de este asesinato que conmueve a la familia de la víctima y de las comunidades indígenas afectadas por la violencia de actores no estatales que campea en sus territorios ancestrales.

Garantizar que en el estado Amazonas se cumpla con Decreto 269 del año 1989, que establece la prohibición de toda actividad minera en el estado Amazonas

La Asamblea Nacional y al Ejecutivo Nacional agilizar la adhesión y ratificación por parte de Venezuela del “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” (Acuerdo de Escazú).

 30 AÑOS DE LA CREACIÓN DE LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOS DEL VICARIATO

Por: Dr. Luis Bello

Tomado: Revista Iglesia en Amazonas 

Sabemos que, desde su comienzo, la Oficina se convirtió en un punto de referencia muy importante para la defensa de los derechos humanos, en general, y para la promoción de los derechos indígenas en particular, y que la participación de la Oficina en el proceso Constituyente contribuyó al reconocimiento constitucional de los derechos indígenas en un trabajo conjunto con las principales organizaciones indígenas del país, pero especialmente apoyando a la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas, ORPIA. Estamos también convencidos de la importancia actual de dicha Organización.

En el año 1991, el entonces obispo de Amazonas, Mons. Ignacio Velasco, nos pidió concretar un proyecto previsto en el Plan de Acción Pastoral Vicarial aprobado por el anterior obispo Mons. Enzo Ceccarelli, que se refería a la creación de una Oficina de Derechos Humanos (O.DD.HH.) adscrita al Vicariato, para la formación y defensa de los amazonenses, fundamentalmente de los pueblos indígenas. Esta Oficina se encontraba prevista dentro del Programa de Derechos Humanos con el objetivo general de garantizar el cumplimiento de los derechos constitucionales y fundamentales de los pueblos amazonenses, apoyando y estimulando la formación de agentes de derechos en la población indígena, difundiendo, por diferentes medios, los derechos garantizados, apoyando a los pueblos indígenas en sus reivindicaciones particulares y apoyando la creación y consolidación de organizaciones indígenas regionales y locales.

La creación de esta Oficina fue producto de una actitud de encuentro con las culturas amazonenses para un mutuo enriquecimiento. De esa alianza surgió el compromiso claro y definitivo, tomado por el Vicariato en 1980, de dirigir nuestra acción misionera en Amazonas preferiblemente hacia una clara opción por los indígenas y por los pobres, solidarizándonos con las luchas concretas y justas de los pueblos indígenas, apoyándolos en el esfuerzo por afianzar su identidad como pueblos con derecho a la autonomía, y a realizar una labor liberadora y profética contra las injusticias, el abandono y la explotación de los más pobres. El día 31 de enero de 1991 se congregaron en la sede de la Vicaría, en Puerto Ayacucho, numerosas personas de diferentes instituciones públicas y privadas,

agentes de pastoral y organizaciones indígenas para presenciar el momento en que Mons. Ignacio Velasco bendijo los espacios donde funcionaría la Oficina de Derechos Humanos, la cual, más adelante, se convirtió en un verdadero punto de referencia sobre los derechos humanos, en general, y los derechos indígenas en particular.

La ceremonia comenzó con la lectura de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, sobre La Iglesia en el Mundo de Hoy, la cual señala que “El gozo y la esperanza, la angustia y la tristeza de los hombres de nuestros días, sobre todo de los pobres y toda clase de afligidos, son también gozo y esperanza, tristeza y angustia de los discípulos de Jesús.” Han pasado tres décadas y la Oficina continúa trabajando por el derecho y la justicia al lado de los pueblos originarios y de tantas personas que sufren afectación de sus derechos humanos. Quizás una forma de visualizar la importancia de la Oficina como espacio dedicado a la defensa de la vida de estos pueblos es enumerar algunos de los casos más importantes llevados por esa instancia vicarial. En este sentido destacan:

1. El acompañamiento a las comunidades y pueblos indígenas, en 1993, para la creación de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas, ORPIA.

2. El seguimiento y la preparación jurídica del caso de la masacre de los Yanomami de Haximu ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos, en 1996, incluyendo la puesta en marcha de un plan de salud para este pueblo, concebido de manera integral, para abordar la grave problemática sanitaria en la zona.

3. La demanda de nulidad contra la Ley de División Político Territorial del Estado Amazonas, aprobada en el año 1994 sin tomar en cuenta la especificidad del estado Amazonas, sobre todo desde el punto de vista de la consulta a los pueblos originarios y la necesidad de adaptar la división municipal en conformidad a sus sistemas normativos y organizativos.

4. La asesoría técnica jurídica a las organizaciones indígenas de Amazonas y del país para la discusión y aprobación de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas en el marco de la Asamblea Constituyente de 1999. Producto de este acompañamiento se logró aprobar un capítulo completo sobre Derechos de los Pueblos Indígenas como derechos específicos, colectivos y originarios.

5. Apoyo jurídico a las organizaciones indígenas de la región para la defensa de sus tierras ancestrales, debido a la invasión de sus territorios de parte de diferentes agentes externos.

6. Promoción de procesos formativos con las organizaciones y comunidades indígenas para asumir la defensa de sus derechos fundamentales y los mecanismos de protección a los defensores indígenas de derechos, en el marco de situaciones de invasión de sus territorios, destrucción de sus hábitats y ocupación de sus espacios tradicionales por parte de agentes externos. En este sentido, se han enfrentado todo este tiempo, con mucha fuerza, problemas tan graves como la minería ilegal, la deforestación, la destrucción del cauce de los ríos, la contaminación de las aguas y la presencia de grupos externos armados que “custodian” esos espacios mineros, con graves consecuencias para la vida cotidiana de las comunidades.

Hoy, 30 años después, es ocasión para expresar nuestro agradecimiento en primer lugar a Dios por permitir la creación de este espacio en la iglesia de Amazonas para la defensa de la vida y los derechos humanos fundamentales en la región; en segundo lugar, a todo el personal del Vicariato que, desde un primer momento, apoyó esta iniciativa puesta al servicio de la justicia y de las reivindicaciones de los pueblos amazonenses.

También a todos los que durante estos 30 años se han integrado al equipo de la O.DD.HH., y han dado lo mejor de sí para mantener vivo el espíritu de los primeros tiempos.  Cuando comenzamos el trabajo para la construcción de este espacio vicarial, el lema era Trabajar por la justicia y la vida de los pueblos amazonenses. Como todo, las cosas van cambiando y hoy la Oficina tiene una redefinición de su misión y de su trabajo, completamente válido y adaptado a la situación actual del estado Amazonas, con una problemática muy fuerte y muy específica. Lo importante es que la Oficina sigue dando respuestas a los problemas de siempre, los vinculados a los derechos indígenas: el atropello a los más pobres, la problemática fronteriza, la destrucción ambiental. Lo que se quiere es dar apoyo a las organizaciones indígenas legítimas de los pueblos amazonenses.

Hoy, más que nunca, esta instancia, producto de una reflexión profunda a nivel eclesial, se mantiene viva y necesaria para la defensa integral de los pueblos originarios de la Amazonía venezolana. Al dar gracias por haber sido protagonistas de la creación de la O.DD.HH. del Vicariato, también pedimos la bendición para este espacio al servicio de la vida y la justicia. Junto con nuestro agradecimiento a todo el equipo, queremos dar un reconocimiento a los señores Obispos que continuaron la obra comenzada por los anteriores, especialmente a Mons. José Ángel Divassón y a Mons. Jonny Eduardo Reyes, quienes han sabido, durante estos años, no solo conducir junto al personal las decisiones más importantes frente a casos graves, sino que han dado todo su apoyo moral al equipo que ha llevado adelante el trabajo diario.

Esta experiencia demuestra que la Iglesia puede asumir compromisos en defensa de la dignidad humana de grupos específicos cuyos derechos son vulnerados de manera sistemática y permanente. Es una opción que forma parte de su propia naturaleza que tiene que ver con la Buena Noticia del Reino de Dios anunciado por Jesús de Nazaret cuando comenzaba su misión. Cuando se creó la O.DD.HH. eran tiempos difíciles, de conflictos por la tierra, por concesiones mineras y la minería ilegal, por la entrada de garimpeiros, por problemas fronterizos y abandono de los programas de salud por parte del estado. Pero también eran tiempos de una Iglesia Misionera que había optado por los pueblos indígenas, por sus derechos y su vida partiendo de la inculturación del Evangelio.

Recordamos entre muchos otros: las Hijas de María Auxiliadora con sor Isabel Santos Martín, sor María Isabel Eguillor y sor María Narisi; los padres salesianos José Bortoli, Nelson Briceño, Ramón y Samuel Iribertegui; el ingeniero Antonio Graterol, el profesor Juan Noguera; las Hermanas de San José de Tarbes con Lilian García, María Elena Lobo, Dora Higuera; los indígenas Guillermo Guevara, José Gregorio Mirabal, Antonio Camico, Guillermo Arana y Amelia Conde; los primeros compañeros en la Oficina: María Eugenia Rengel  y Adrián Guelves. También personas especiales que, desde diferentes ámbitos, creyeron y apoyaron el proyecto con mucho esfuerzo, como nuestra querida compañera de  camino Ligia Bolívar, fundadora de Provea en Venezuela; el reconocido abogado colombiano Roque Roldán y el profesor de la universidad de Viena René Kuppe, experto en derechos indígenas, así como la profesora Raquel Yragoyen del Instituto Internacional Derecho y Sociedad, con sede en Lima, Perú; Fiona Watson de Survival International; Alejandro Parellada de IWIGIA, Viviana Kristisevic, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL, Ann Blyberd del programa internacional de becas en derechos humanos…

También recordamos el apoyo brindado por el profesor Ricardo Colmenares, defensor de derechos indígenas y promotor de la jurisdicción especial en el país. De igual manera toda la relación de trabajo conjunto con el Grupo de Trabajo Sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de los Andes (GETAI) coordinado por el profesor Vladimir Aguilar, experto en derechos indígenas y ambientales, con el grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba, iniciado por un grupo de profesionales interdisciplinarios encabezado por María Teresa Quispe y con otras instituciones internacionales de protección a los derechos de los pueblos indígenas en diferentes lugares. Todavía queda mucho camino por recorrer: apostamos a que la Oficina siga haciendo camino…

30 AÑOS DE TRABAJOS POR LA JUSTICIA Y LA VIDA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES EN AMAZONAS-VENEZUELA

Revista La Iglesia en Amazonas

El 21 de abril del 2022, en el salón de usos múltiples del vicariato de la ciudad capital, la oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho, celebró sus 30 años de fundación, con un foro abarcando temas referentes a los derechos humanos en Amazonas-Venezuela.

 Con un panel de personalidades tales como: Robert Pérez, Carlos Calderón, Eligio Dacosta, Emilia Bastidas, Grace Marcando y María Maldonado, personas que siguen apostando a la defensa de los derechos de la población que hace vida al sur del país, con este foro se enmarcó el aniversario de la oficina de DDHH del Vicariato, siendo uno de ellos.

Dentro de la participación de Eligio Dacosta, coordinador general de Orpia, se destacaron los objetivos y desafíos de ORPIA para los tiempos por venir, indicando que los derechos indígenas siguen en estado de suspenso. Por ejemplo, la propuesta de Ley de Reforma Parcial de Idiomas Indígenas, si bien es importante y relevante, si ella no va acompañada de estrategias que garanticen los conocimientos indígenas de los ancianos y ancianas en las comunidades como depositarios de los idiomas indígenas, de la sabiduría ancestral y del derecho propio (triada de la cosmovisión indígena), difícilmente la ley por sí misma pueda cumplir con los objetivos propuestos. Por lo tanto, la articulación de políticas públicas para la visibilización de las jurisdicciones especiales indígenas (JEI), como instituciones propias de los pueblos indígenas, son uno de los principales objetivos de ORPIA.

En este foro se entregaron reconocimientos a Otilio Santos y María Maldonado por su trayectoria y destacada labor en la promoción y defensa de los derechos humanos en la región.

DESAPARICIONES Y VIOLENCIA AUTOINFLINGIDA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: Nuevas preocupaciones para los amazonenses

Por: Héctor Escandell García

EQUIPO OVV AMAZONAS

INTRODUCCIÓN:

El Informe anual 2021 del Observatorio Venezolano de Violencia en el estado Amazonas (OVVA), reportó una tasa de muertes violentas de 29,7 víctimas por cada cien mil habitantes, por debajo de la tasa nacional, ubicada en 40.9  pero aún tan elevada como para colocar a la entidad en el puesto número 13 entre todas las del país y sensibilizar a la sociedad regional en torno al fenómeno de la violencia.

El mayor peso en la tasa general proyectada por el OVV, recayó en las categorías de: muertes por averiguación con 11.3 y desapariciones con 10.7; mientras que las categorías de homicidios y muertes por resistencia a la autoridad se determinaron con tasas de 5.9 y 1.8 respectivamente. Sólo la tasa de desapariciones superó la cifra nacional que para esa categoría se ubicó en 6.0; para las restantes tres categorías, las tasas estadales fueron significativamente menores que las nacionales.

Hasta el año 2020, las desapariciones estuvieron incluidas en la categoría de muertes en averiguación; sin embargo, en virtud del peso relativo que adquirían, en el marco de un contexto socio económico y político cada vez más complejo, el Observatorio Venezolano de Violencia consideró pertinente darle a las desapariciones un tratamiento particular y específico en el análisis del fenómeno de la violencia y de su evolución en el país.

Por otro lado, si bien la violencia autoinflingida escapa al objetivo central de estudio del OVV, que se ubica en la violencia interpersonal, su ocurrencia si es registrada por los observatorios de prensa de cada entidad federal y alimenta la base de datos de la organización matriz. En este sentido, más que el número de víctimas, llaman la atención sus características etarias y culturales.

Tanto las desapariciones como la violencia autoinflingida ocurridas el pasado año en el estado Amazonas, constituyen elementos de especial interés y significado para la sociedad amazonense, por su magnitud, cualidades de las víctimas y presunción de autoría (en el caso de las desapariciones).

REFLEXIONES GENERALES:

Las desapariciones forzadas de personas, han sido muy probablemente una práctica presente a través de la historia en cualquier región del planeta; constituyen un tema ampliamente tratado en la bibliografía especializada, cuya raíz está vinculada al poder en cualquiera de sus formas.

Como categoría de estudio de las ciencias sociales en América Latina, se suele remitir su visibilización a los años 60 y 70 del siglo pasado, particularmente en los países del sur del continente, gobernados por militares que accedieron al poder por la fuerza y que las utilizaron como herramienta de represión política, aunque también, con menor énfasis y magnitud, vienen siendo reportadas como prácticas de gobiernos “democráticos” en la historia reciente.

La evolución de las sociedades nacionales, condicionada por realidades sociales, económicas y políticas concretas, ha permitido que el fenómeno de las desapariciones amplíe el espectro de la responsabilidad de su autoría, desde la inicial hegemonía político – militar, hasta otros actores sociales, como los gobiernos electos y  especialmente de la llamada delincuencia organizada, vinculada al narcotráfico, la trata de personas y otras actividades ilegales de gran impacto económico como el secuestro y la minería aurífera. En todo caso, siempre vinculadas al poder en su sentido amplio.

Las desapariciones forzadas conllevan efectos negativos múltiples para las familias y comunidades próximas a las víctimas y, en la medida en que se hacen más frecuentes y visibles impactan a sociedades enteras, sea quien sea el victimario, transmitiendo sentimientos asociados al temor, que pueden llevar a la paralización de la sociedad en la exigencia del cumplimiento de sus derechos.

Esta forma de represión, en ocasiones trasciende a los individuos y alcanza a amplias porciones de la sociedad, segregándolas y excluyéndolas del acceso a bienes y servicios esenciales, lo que podría entenderse como una forma de desaparición social, que suele afectar a los más pobres.

En referencia a la violencia autoinflingida y en concreto a su expresión más dramática: el suicidio, se observa, en particular en latino américa, una tendencia al crecimiento en el número de víctimas, probablemente asociada a la prolongada crisis socio económica, enmarcada en el paradigma del éxito individual a cualquier costo, que parece identificar al actual modelo civilizatorio.

El suicidio, cualquiera sea la causa que lo motive, también suele producir efectos negativos en la familia y el entorno de las víctimas, especialmente cuando estas son niños y adolescentes. En contextos culturales específicos, estos eventos pudieran potenciar su impacto, cuestionando la vigencia de valores arraigados ancestralmente.

Las reflexiones generales anteriores nos permiten abordar el significado de ambas categorías en el contexto del estado Amazonas.

DESAPARICIONES EN EL CONTEXTO DE LA MINERIA Y SUICIDIOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO AMAZONAS

El estado Amazonas presenta entre sus características, una mayoritaria población indígena, distribuida en 19 pueblos, cada uno de ellos con sus particularidades culturales; algunos más numerosos y otros con tamaños poblacionales que comprometen su existencia futura; entre los primeros destacan los Yanomamis, los Uottuja, los Jiwis y los Yekuana, con poblaciones que van desde los cuatro mil individuos hasta alrededor de 12.000 en el caso de los Yanomamis.

En cada pueblo indígena y, al interior de ellos encontramos distintos niveles de vinculación con la población no indígena y consecuentemente diversos grados de aculturación, que se expresan en la adopción de valores no tradicionales y en la participación en actividades socio económicas características del mundo no indígena, incluyendo algunas enmarcadas en la ilegalidad. En ese contexto, los indígenas suelen ser el eslabón más vulnerable; sin embargo, los efectos de la crisis multidimensional, amplia la condición de vulnerabilidad a la población no indígena.

Para el objetivo de este escrito planteamos la coexistencia de tres escenarios favorables para el aumento del número de eventos calificados como desapariciones.

Un primer escenario muestra que cada día hay más indígenas practicando la minería aurífera y el tráfico de combustible y otros bienes, colocándolos así en ambientes caracterizados por la violencia interpersonal y la precariedad de las condiciones de vida.

Por otra parte, los indígenas que ocupan porciones del territorio donde se han instalado los intereses mineros y que se resisten a participar o ceder esos espacios, también se ven involucrados de manera no voluntaria, a  situaciones de riesgo no convencionales desde su perspectiva cultural.

Por último, aunque no excluye otras posibilidades, en el marco de la profunda crisis económica, los y las jóvenes habitantes de los espacios urbanos, indígenas o no, se ven atraídos por la actividad minera o por otras actividades ilícitas, exponiéndose a realidades que los hacen susceptibles a convertirse en víctimas o victimarios.

Al introducir en el análisis, el hecho de que la actividad minera viene siendo controlada por grupos armados irregulares de origen extranjero, como ha venido siendo denunciado reiteradamente por distintas organizaciones de la sociedad civil y las propias organizaciones indígenas, incorpora un elemento más para la alarma social, en tanto las desapariciones en esos contextos resultan ser eventos frecuentes, tal como lo reportan documentos de seriedad no cuestionable.

Los argumentos anteriores procuran mostrar un marco de referencia que permita entender la magnitud de la tasa de desapariciones reportada por el observatorio y asomarnos a la complejidad de sus consecuencias futuras.

Si bien las desapariciones forzadas no son ajenas a la historia del mundo indígena de Amazonas, por ejemplo, durante los periodos de extracción de caucho silvestre y otros productos de la selva que se extendieron hasta la cuarta década del siglo pasado, en la región se vivió un largo periodo de paz, hasta la expansión de la minería de oro en la década de los años 90 y especialmente en los últimos años, cuando las desapariciones retornaron al espacio de la denuncia y sobre todo de la conversación informal.

La proyección estimada por el OVV hasta septiembre de 2021, arroja la ocurrencia de 18 desapariciones y aun cuando no contamos con información suficiente para caracterizar con precisión a las víctimas, la que está disponible permite inferir que la mayoría son jóvenes, procedentes de los tres escenarios planteados y que los eventos están vinculados mayoritariamente a la minería. Lo anterior se basa en las denuncias conocidas a través de los medios de comunicación y del conocimiento directo de algunos casos, que no son formalmente denunciados.

El rol de los grupos armados irregulares, parece inscribirse en el ámbito de los victimarios, al establecer las reglas de comportamiento y las sanciones por su incumplimiento en esos espacios.

Aun cuando pensamos que lo descrito no agota la causalidad de las desapariciones ocurridas en el estado Amazonas, también creemos que de no producirse una intervención oficial efectiva en los territorios mineros, es posible que esta categoría de violencia se agudice en los próximos años.

Con respecto a la violencia auto inflingida en niños, niñas y adolescentes, queremos abordar los casos registrados de violencia autoinflingida causante de muerte, que involucran a niños y niñas indígenas, en tanto no parece ser este un evento que pudiéramos catalogar como "normal" en el panorama histórico de la violencia y, si un efecto de las circunstancias que rigen en la actualidad el contexto social, económico y cultural de la entidad.

Aun cuando no existen estadísticas oficiales, referidas a esta realidad concreta, que permitan establecer comparaciones, no parece haber antecedentes de la magnitud y características  reportadas en 2021, según las fuentes consultadas por el observatorio de prensa y la experiencia personal.

EL OVV Amazonas registro seis casos de suicidios de niños, niñas y el de una joven de 22 años en los últimos días de diciembre. De ellos, cuatro se corresponden a varones, entre 12 y 15 años y, los dos restantes a una niña de 12 años y la joven de 22; en los casos de los niños, los eventos ocurrieron en comunidades indígenas de distintos pueblos: Yekuana, Jiwi y Baniva, mientras que en el caso de la niña de ascendencia Jiwi y la joven de origen Baniva, los sucesos se produjeron en  barrios de la capital Puerto Ayacucho.

El suicidio tiene una base multifactorial, ya que se presenta como una solución permanente ante un intenso dolor emocional, mental y/o físico; puede ser el resultado de un acto impulsivo repentino o de una planificación cuidadosa, Los niños y adolescentes victimas el pasado año, fueron identificados por las fuentes con conductas de depresión y rebeldía como consecuencia de estar reprimidos en casa,  todo ello asociado a los cambios de rutinas, generados por el confinamiento del Covid-19, otro factor de riesgo.

De acuerdo a las fuentes consultadas por el observatorio de prensa del OVV Amazonas, ninguno de los casos fue sometido a investigación judicial, por lo que las motivaciones no pudieron ser precisadas formalmente; sin embargo, de la información obtenida, se pudo inferir que tres de los sucesos fueron producto de relaciones intrafamiliares aparentemente mal gestionadas y uno obedeció a motivos pasionales.

Nuestra preocupación se circunscribe ante un fenómeno que no parece obedecer a pautas culturales tradicionales entre los pueblos indígenas. De la información obtenida se pudo conocer que la depresión, la falta de comunicación, las discusiones con sus progenitores y el entorno de hogares disfuncionales resultaron detonantes de los casos reportados.

La exploración efectuada entre las fuentes de información, muestran que  atención psicológica a este grupo de edad es infrecuente y, cuando se hace, probablemente no se estén evaluando elementos que reflejan el cambio cultural, que todos los pueblos indígenas están experimentando en el marco de la emergencia humanitaria; por ejemplo, aquellos que se derivan de la migración a contextos urbanos desde las comunidades, o los vinculados a nuevas formas de gestión económica.

De lo anterior parece evidenciarse que la violencia estructural y multidimensional, que afecta a la mayoría de la población, tiene como víctimas más sensibles a los niños, niñas y adolescentes, con particular significación en los N,N y A indígenas.

Por último, puede afirmarse que el sector publico regional ha perdido capacidades para la atención de las necesidades básicas de la sociedad, especialmente en materia de salud y particularmente en los servicios de salud mental, dejando expuestos a los niños, niñas y jóvenes a mayores posibilidades de convertirse en víctimas de los fenómenos de violencia considerados, lo que debería estimular tanto la respuesta institucional como la exigencia de la sociedad en torno a la correcta materialización de sus derechos.

 

 

Mantenerse en la cultura y defender la Madre Tierra

Por Minerva Vitti Rodríguez*

Por Revista SIC |febrero 22, 2022|Dignidad y Persona

A medida que los jóvenes indígenas se adentran en su búsqueda identitaria también se enteran de los conflictos socioambientales y las amenazas culturales que enfrentan como pueblos. El reconocimiento y la protección de sus territorios constituyen una condición fundamental para la supervivencia física y cultural

¿Cuál es el lugar que tengo dentro del pueblo indígena? ¿Cuál es la historia territorial de dónde vengo? Son algunas de las preguntas que se hacen los jóvenes indígenas, quienes permanentemente viven asediados por gobiernos donde prevalece una lógica extractivista, de seguridad e integridad geopolítica, sustentada en el control y militarización de territorios ricos en bienes naturales para su explotación.

En Venezuela, donde la minería aurífera se ha agudizado en los estados Bolívar y Amazonas, por la crisis económica y por la expansión de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, un proyecto que se ejecuta sin la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas; sin estudios de impacto ambiental y sociocultural; y sin responder a la deuda histórica de la demarcación de los territorios indígenas; muchos jóvenes han encontrado parte de la solución a sus necesidades materiales en esta actividad.

Pero lo anterior también se extiende a otros países del continente como Chile, donde los indígenas mapuches luchan contra la industria forestal que cada día deforesta sus territorios; o Guatemala y Honduras, donde indígenas mayas y garífunas, viven la desintegración de sus familias producto de la migración forzada.

A través de las voces de jóvenes indígenas de estos países nos adentramos en los mecanismos de resistencia que practican para garantizar la supervivencia y sus formas de vida fuera y dentro de sus territorios.

Guardianes territoriales indígenas

Uno de los mecanismos de protección que tienen los pueblos indígenas son los guardianes territoriales, que actúan como mediadores de conflictos y en la concientización y protección del territorio:

“La minería es como una enfermedad, uno tiene que tratarla desde la raíz, desde cómo comenzó. Si yo no actúo, si yo no hablo con mi familia, ¿quién lo hará por mí? Tenemos que levantarnos y luchar en contra de esto, porque ya muchos tienen otra cultura. Una vez mi abuela me dijo estas palabras que nunca se me olvidan: ‘Nieta, estudia y aprende, pero eso sí, no se te olviden tres cosas: ama tu territorio, cuida tu territorio y sea parte de él’”, dice Cecilia García1, indígena uwottüja y una de las guardianas territoriales indígenas en Amazonas, Venezuela.

En Gran Sabana, al sureste del estado Bolívar, esta forma de organización, también ha sido la respuesta de la comunidad para protegerse de foráneos que llegan a sus territorios tanto a ejercer la minería, como a cometer actos delictivos.

La otra manera de proteger es caminando los territorios durante semanas, como lo hacen los indígenas yekuana y yanomami. En esta práctica ejercen sus autodemarcaciones y planes de vida, que son resultado de procesos de empoderamiento de los pueblos y comunidades indígenas, como sujetos de derecho de su territorio.

El retorno hacia nosotros mismos

Para Eduardo Urqueta Huenuman, indígena mapuche, ha sido un largo camino reidentificarse con su cultura y volver al lugar de dónde es, porque actualmente los jóvenes indígenas viven una tensión fuerte entre lo que son y lo que les está ofreciendo la cultura occidental; y en este proceso muchos se aculturan.

En Temuco, capital de la Araucanía, que es la región con la mayor cantidad de habitantes mapuches en el país, fue donde vio la mayor discriminación de parte de los chilenos hacia los mapuches, especialmente hacia personas que hablan el mapudungun y usan sus vestimentas tradicionales dentro de la ciudad.

“Ese fue uno de los principales motivos que me empezó a hacer ruido, de ver estas situaciones y yo no tener ninguna intervención. Ya estaba cansado de estar dentro de un sistema económico donde tienes que trabajar nueve horas al día, con dos días libres a la semana, sin tener tiempo para aprovechar los recursos que tú tienes, estando endeudado toda la vida, un modelo que particularmente no me agrada”, dice Eduardo. Así que tomó la decisión de volver a trabajar a Tirúa.

En Tirúa comenzó a liderar a un grupo de jóvenes:

“Nosotros comenzamos a buscar nuestra identidad como mapuche lafkenche, que es el que vive cerca del mar, a contactar personas que tuvieran conocimiento cultural y estuvieran dispuestos a enseñarnos”. En esta vuelta a sus raíces, se percataron de los conflictos socio-ambientales con la industria forestal: “Imposible es volver a tener todo el bosque nativo que existía, pero de a poco yo creo que vamos a tratar de ir reforestando y un trabajo que se está haciendo en las zonas de Tirúa”.

Resistir desde la espiritualidad

Félix es del pueblo maya mam. Nació en Concepción Tutuapa, departamento de San Marcos, Guatemala, y nunca ha vivido fuera de su territorio. Habla del principio de la armonía, la paz y la tranquilidad de la naturaleza y con todos los ecosistemas. Dice que estos no deben verse como recursos sino como un elemento en donde todos somos parte esencial y principal de un todo. Donde cada uno por muy pequeño que sea tiene una función, cumple un rol, y si este se llegara a alterar o a faltar habría una gran ruptura y ya no se podría dar el Buen Vivir.

“Nuestro reto como jóvenes en contra de la corriente dominante actual, en este mundo del consumismo, del menor esfuerzo, es revalorar las prácticas y los principios de nuestra cultura para poder transmitirlo a los demás siempre viendo hacia adelante, siempre andando con la piel, el rostro, y el corazón indígena maya mam para poder legar a las futuras generaciones un mundo mejor, un mundo especial desde nuestro espacio, desde nuestro vivir las experiencias, el interactuar cada día, cada momento, cada instante de nuestra vida”, destaca Félix.

La migración: venimos del lugar donde está nuestro corazón

Monserrat, es de la etnia garífuna, nació en Honduras, pero actualmente está estudiando Ciencias Políticas en Nicaragua. Insiste en que las personas pueden migrar sin renunciar a su origen:

“Lo negativo que veo es cuando salen de las comunidades a la ciudad o a otro país y adoptan otra cultura, dejan de hablar su lengua, dejan de practicar sus danzas, ya no viven su espiritualidad. Nosotros tenemos que vivir nuestra propia realidad, tenemos que aceptarnos tal como somos donde sea que nosotros estemos, donde sea que nosotros lleguemos tenemos que mostrar realmente quiénes somos y de dónde venimos. Podemos adaptarnos a la cultura, pero sin olvidar la nuestra, podemos aprender el idioma del lugar donde estamos sin dejar el nuestro”.

De acuerdo a su creencia los ancestros viven dentro de ellos, entonces cuando la persona empieza a reprochar lo que es, comienza a enfermar.

Para los jóvenes indígenas –y se diría que para todos los seres humanos– el resto sigue siendo redescubrir su verdadero lugar y entenderse a sí mismos para no terminar contradiciendo su propia realidad.

¿Cómo nos organizamos como comunidad para denunciar aquello que nos mata y anunciar paradigmas alternativos al desarrollo, que muchas veces ya practicamos a escala local? Saberes que sin duda deberán ser integrados a la educación.

 

 

La veda a la minería se levanta en ‘La Nueva Amazonas’

Tomado de ARMANDOINFO /16 febrero 2022

Las leyes de Caracas y el patrimonio ancestral aborigen prohíben desde hace décadas la explotación abierta de minerales en las selvas del estado Amazonas, hasta el punto de convertirla casi en tabú. Pero las actividades furtivas de los ‘garimpeiros’ en las mismísimas nacientes del Orinoco, la miseria reinante y el reciente discurso oficial van creando una atmósfera cada vez más proclive a la aceptación de la industria extractiva a cualquier escala y en manos del Estado o de privados.

Son casi las cinco de la tarde del 18 de noviembre de 2021. Tras la hierba alta, en un recodo del eje carretero norte de Puerto Ayacucho, cerca de la entrada a Galipero Viejo, se levantan unos galpones en construcción que ya muestran el logo de la Corporación Venezolana de Minería (CVM), organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, que opera desde 2013. Al frente, una valla anuncia en letras negras, mayúsculas y centradas: CENTRO DE INSUMOS MINEROS. Industrias Onixalex, CA. Puerto Ayacucho. En la esquina inferior derecha el logo del llamado Motor Minero. Una bandera nacional ondea en el aviso. También lleva el logo de la CVM.

Este es un noviembre electoral. El oficialismo convocó para el día 21 unas polémicas elecciones regionales para escoger gobernadores de estados y alcaldes municipales en todo el país.

En el estado Amazonas se encuentra en plena campaña el gobernador en ejercicio, Miguel Rodríguez, quien aspira a la reelección. Inaugura obras y entrega materiales e insumos en los siete municipios del estado Amazonas. Mediante recursos del Estado –como aviones y helicópteros militares– visita lugares distantes a los que los otros candidatos, por no hablar de la mayoría de los habitantes de la entidad, jamás podrían llegar. La falta de gasolina y el altísimo costo de los pasajes son los principales impedimentos.

En La Esmeralda, en el municipio Alto Orinoco, Rodríguez debió arengar a la gente en medio de la oscuridad. Por falta de combustible, no había luz en la cancha techada en la que se presentó. Pero no se dejó inmutar ni por el inconveniente ni por los gritos de la concurrencia que preguntaba: “¿Y la gasolina?”. Entregó al pueblo una planta eléctrica a gasoil.

La valla en Galipero Viejo y el discurso de campaña de Miguel Rodríguez -quien a la postre resultó reelecto– comparten un rasgo: se refieren sin tapujos a la promoción oficial de la actividad minera en el estado Amazonas, donde está prohibida desde 1989.

     Foto: Minerva Vitti 

Rodríguez, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), presentó el 29 de octubre de 2021, como parte de su oferta electoral, el Plan de Desarrollo La Nueva Amazonas. Aunque no era más que una lista escueta de puntos sin mayor precisión, en el documento destacaban dos premisas: crear y consolidar las Zonas Económicas Especiales, así como promover el “gran debate” sobre la actividad minera en Amazonas.

“Ahora está naciendo la nueva Amazonas… Porque este 21 noviembre vamos a obtener una gran victoria”, dijo al finalizar el acto en las instalaciones del gimnasio cubierto del Escondido en la ciudad de Puerto Ayacucho. Pero luego, en todos sus mítines a lo largo de la campaña, hasta su victoria en las urnas, enarboló el lema de La Nueva Amazonas.

Son las más recientes señales de que, desde la jerarquía del Estado, se prepara el terreno para romper los sellos del tabú que hasta ahora prohíbe la explotación minera en el estado Amazonas, una gran área selvática y de reserva biodiversa donde nace el río Orinoco, el más largo de Venezuela y el tercero en caudal en el mundo.

A Eligio Dacosta, indígena baniva y coordinador general de la Organización Indígena de Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia), le preocupa el intento de legalizar la minería en el estado Amazonas o de promover una réplica del Arco Minero que el gobierno de Nicolás Maduro instauró en el vecino estado Bolívar.

“Muchos dirigentes políticos están viendo esto como una alternativa para solucionar supuestamente el bloqueo que tenemos ahorita en Venezuela y la crisis económica del país o, en este caso, de aquí de la región”, observa Dacosta, días después de participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26), que se realizó en Glasgow, Escocia. “No ven que esto realmente es destrucción en los territorios, porque lamentablemente donde están los recursos minerales están los pueblos indígenas y eso es lo que nosotros no queremos”.

Lo que denuncia Dacosta no es una profecía sin fundamentos. En noviembre de 2018 el gobierno intentó abrir una oficina del Arco Minero del Orinoco en Amazonas. La iniciativa gubernamental fue detenida gracias a las protestas de los pueblos originarios, que ya conocen lo que viene pasando con la CVM en Bolívar. En septiembre de 2020, la comunidad indígena de Santo Domingo de Turasen en el municipio Gran Sabana de ese estado rechazó la instalación y operación en sus tierras de la corporación estatal, a la que acusó de fomentar y formalizar la extracción aurífera en zonas protegidas, entre ellas, el Parque Nacional Canaima.

La CVM ha adquirido un perfil de persona non grata en la Gran Sabana, Personas que pidieron no ser identificadas aseguran que desde el aeropuerto de Santa Elena de Uairén, en el sureste del estado Bolívar, la CVM envía al Amazonas, en aviones del Grupo Aéreo de Transporte N˚ 9  de la Aviación Militar Bolivariana, insumos mineros comprados en Brasil, como turbinas.

Más información: https://armando.info/la-veda-a-la-mineria-se-levanta-en-la-nueva-amazonas/

 

LA VIVENCIA COMUNITARIA DE LOS PUEBLOS AMAZÓNICOS: UN APORTE AL PROCESO

SINODAL Las palabras del Papa en la apertura del Sínodo, el aporte de la Iglesia de América Latina al proceso sinodal, y la experiencia comunitaria de la Iglesia en la Amazonia”, son algunos de los temas al centro de la entrevista con la Hermana Laura Vicuña, catequista franciscana, representante de la Amazonia brasileña, delegada de la Conferencia Eclesial de la Amazonia (CEAMA).

Por MANUEL CUBÍAS / RENATO MARTÍNEZ – VATICANNEWS

Tomado de la revista La Iglesia en Amazonas

El Papa Francisco en sus palabras de apertura nos ha llamado a todos a caminar juntos, nos ha llamado a todos a caminar también oyendo los clamores que vienen de la tierra que está tan amenazada, de los pueblos que también viven las amenazas de tener sus territorios invadidos”, lo dijo la Hermana Laura Vicuña, catequista franciscana, representante de la Amazonia brasileña, delegada de la Conferencia Eclesial de la Amazonia (CEAMA), para participar en el Sínodo de los Obispos sobre la Sinodalidad, que inició este 10 de octubre con la Santa Misa presidida por el Papa Francisco, en la Basílica de San Pedro.

Entrevista con la Hermana Laura Vicuña La catequista brasileña dijo que el inicio de este proceso sinodal estuvo marcado por las palabras de esperanza que el Santo Padre expresó en el Momento de Reflexión previo a la Misa de Apertura. Dialogando con nuestro colega, Padre Manuel Cubías, la representante de los territorios amazónicos de la CEAMA señaló que el aporte más significativo que la Iglesia en América Latina puede dar al Sínodo es la experiencia que se ha ido gestando a lo largo de muchos años, es decir: el de las Comunidades Eclesiales de Base.

 R.- La gran contribución de la Iglesia en América Latina y, sobre todo, desde la Iglesia en la Amazonía, son las Comunidades Eclesiales de Base, que tienen este rol de caminar juntos, desde su esencia, desde su nacimiento. Una Iglesia que conjuga fe y vida, el anuncio y también la denuncia. En este caminar juntos, nosotros vamos siendo esta Iglesia sinodal y esta Iglesia que busca también vivir ya de los ministerios. Entonces, la Iglesia de América Latina articula esto, la fe y la vita en colectividad, en comunidad.

 ¿Cómo las Comunidades de Base, cómo los pueblos de los territorios amazónicos han hecho sentir su voz en este proceso?

R.- Los pueblos originarios por su misma naturaleza son comunidades de colectividad, comunidades que caminan juntos, que trabajan en colectividad y en comunidad. Entonces, nosotros con nuestras voces traemos también esta experiencia de vivencia comunitaria, de que es necesario caminar juntos. Los pueblos originarios en la Amazonía durante mucho tiempo fueron “invisibilizados”, fueron dejados de lado, pero son pueblos que traen – como nos habló en el documento final del Sínodo de la Amazonia – son pueblos de antiguos perfumes que continúan perfumando el Continente contra la desesperación.

¿Cómo podemos entrever los gritos de la tierra, los gritos de esos pueblos, reflejados en las palabras que pronunció el Papa en el Momento de Reflexión previo a la inauguración del Sínodo para la Sinodalidad?

R.- El Papa Francisco en sus palabras de apertura nos ha llamado a todos a caminar juntos, nos ha llamado a todos a caminar también oyendo los clamores que vienen de la tierra que está tan amenazada, de los pueblos que también viven las amenazas de tener sus territorios invadidos. Pienso que la gran palabra que nos ha dado, es la palabra de esperanza, es decir, que nosotros podemos seguir adelante como Iglesia y como Iglesia que escucha a los pobres, que escucha a los últimos.

 En este proceso de escucha, ¿cuál es la preocupación que más se oye desde tu trabajo? ¿Cuál es la preocupación que más escuchas desde tu gente, desde la Amazonía? 

R.- Creo que el gran clamor, el gran grito que hoy la Amazonía trae es la gran amenaza que vivimos en nuestro territorio con la deforestación y esto afecta e impacta todo el mundo. Entonces, algo que traigo es que se respete la vida de los pueblos y de todos los que viven en la Amazonía para que podamos así garantizar a las generaciones futuras también una posibilidad de vida.

¿Qué palabras le dirías a la gente joven que no es de tu territorio, a los que son de otros países distintos de la región amazónica? ¿Qué llamado les haces o que quisieras decirles?

 R.- El gran llamado que hago a todo el mundo es para que podamos caminar juntos, caminar juntos en la defensa de esta casa común, qué es la casa de todos. Que podamos caminar juntos también como una Iglesia samaritana, una iglesia en salida, pero una Iglesia que anuncia al Resucitado a pesar de todas las situaciones de muerte que hay. Entonces, el gran llamado es que nos llenemos de esperanza y que cuidemos de esta casa común que es todo el planeta tierra, que es donde vivimos.