Derechos Humanos Amazonas

 30 AÑOS DE LA CREACIÓN DE LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOS DEL VICARIATO

Por: Dr. Luis Bello

Tomado: Revista Iglesia en Amazonas 

Sabemos que, desde su comienzo, la Oficina se convirtió en un punto de referencia muy importante para la defensa de los derechos humanos, en general, y para la promoción de los derechos indígenas en particular, y que la participación de la Oficina en el proceso Constituyente contribuyó al reconocimiento constitucional de los derechos indígenas en un trabajo conjunto con las principales organizaciones indígenas del país, pero especialmente apoyando a la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas, ORPIA. Estamos también convencidos de la importancia actual de dicha Organización.

En el año 1991, el entonces obispo de Amazonas, Mons. Ignacio Velasco, nos pidió concretar un proyecto previsto en el Plan de Acción Pastoral Vicarial aprobado por el anterior obispo Mons. Enzo Ceccarelli, que se refería a la creación de una Oficina de Derechos Humanos (O.DD.HH.) adscrita al Vicariato, para la formación y defensa de los amazonenses, fundamentalmente de los pueblos indígenas. Esta Oficina se encontraba prevista dentro del Programa de Derechos Humanos con el objetivo general de garantizar el cumplimiento de los derechos constitucionales y fundamentales de los pueblos amazonenses, apoyando y estimulando la formación de agentes de derechos en la población indígena, difundiendo, por diferentes medios, los derechos garantizados, apoyando a los pueblos indígenas en sus reivindicaciones particulares y apoyando la creación y consolidación de organizaciones indígenas regionales y locales.

La creación de esta Oficina fue producto de una actitud de encuentro con las culturas amazonenses para un mutuo enriquecimiento. De esa alianza surgió el compromiso claro y definitivo, tomado por el Vicariato en 1980, de dirigir nuestra acción misionera en Amazonas preferiblemente hacia una clara opción por los indígenas y por los pobres, solidarizándonos con las luchas concretas y justas de los pueblos indígenas, apoyándolos en el esfuerzo por afianzar su identidad como pueblos con derecho a la autonomía, y a realizar una labor liberadora y profética contra las injusticias, el abandono y la explotación de los más pobres. El día 31 de enero de 1991 se congregaron en la sede de la Vicaría, en Puerto Ayacucho, numerosas personas de diferentes instituciones públicas y privadas,

agentes de pastoral y organizaciones indígenas para presenciar el momento en que Mons. Ignacio Velasco bendijo los espacios donde funcionaría la Oficina de Derechos Humanos, la cual, más adelante, se convirtió en un verdadero punto de referencia sobre los derechos humanos, en general, y los derechos indígenas en particular.

La ceremonia comenzó con la lectura de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, sobre La Iglesia en el Mundo de Hoy, la cual señala que “El gozo y la esperanza, la angustia y la tristeza de los hombres de nuestros días, sobre todo de los pobres y toda clase de afligidos, son también gozo y esperanza, tristeza y angustia de los discípulos de Jesús.” Han pasado tres décadas y la Oficina continúa trabajando por el derecho y la justicia al lado de los pueblos originarios y de tantas personas que sufren afectación de sus derechos humanos. Quizás una forma de visualizar la importancia de la Oficina como espacio dedicado a la defensa de la vida de estos pueblos es enumerar algunos de los casos más importantes llevados por esa instancia vicarial. En este sentido destacan:

1. El acompañamiento a las comunidades y pueblos indígenas, en 1993, para la creación de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas, ORPIA.

2. El seguimiento y la preparación jurídica del caso de la masacre de los Yanomami de Haximu ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos, en 1996, incluyendo la puesta en marcha de un plan de salud para este pueblo, concebido de manera integral, para abordar la grave problemática sanitaria en la zona.

3. La demanda de nulidad contra la Ley de División Político Territorial del Estado Amazonas, aprobada en el año 1994 sin tomar en cuenta la especificidad del estado Amazonas, sobre todo desde el punto de vista de la consulta a los pueblos originarios y la necesidad de adaptar la división municipal en conformidad a sus sistemas normativos y organizativos.

4. La asesoría técnica jurídica a las organizaciones indígenas de Amazonas y del país para la discusión y aprobación de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas en el marco de la Asamblea Constituyente de 1999. Producto de este acompañamiento se logró aprobar un capítulo completo sobre Derechos de los Pueblos Indígenas como derechos específicos, colectivos y originarios.

5. Apoyo jurídico a las organizaciones indígenas de la región para la defensa de sus tierras ancestrales, debido a la invasión de sus territorios de parte de diferentes agentes externos.

6. Promoción de procesos formativos con las organizaciones y comunidades indígenas para asumir la defensa de sus derechos fundamentales y los mecanismos de protección a los defensores indígenas de derechos, en el marco de situaciones de invasión de sus territorios, destrucción de sus hábitats y ocupación de sus espacios tradicionales por parte de agentes externos. En este sentido, se han enfrentado todo este tiempo, con mucha fuerza, problemas tan graves como la minería ilegal, la deforestación, la destrucción del cauce de los ríos, la contaminación de las aguas y la presencia de grupos externos armados que “custodian” esos espacios mineros, con graves consecuencias para la vida cotidiana de las comunidades.

Hoy, 30 años después, es ocasión para expresar nuestro agradecimiento en primer lugar a Dios por permitir la creación de este espacio en la iglesia de Amazonas para la defensa de la vida y los derechos humanos fundamentales en la región; en segundo lugar, a todo el personal del Vicariato que, desde un primer momento, apoyó esta iniciativa puesta al servicio de la justicia y de las reivindicaciones de los pueblos amazonenses.

También a todos los que durante estos 30 años se han integrado al equipo de la O.DD.HH., y han dado lo mejor de sí para mantener vivo el espíritu de los primeros tiempos.  Cuando comenzamos el trabajo para la construcción de este espacio vicarial, el lema era Trabajar por la justicia y la vida de los pueblos amazonenses. Como todo, las cosas van cambiando y hoy la Oficina tiene una redefinición de su misión y de su trabajo, completamente válido y adaptado a la situación actual del estado Amazonas, con una problemática muy fuerte y muy específica. Lo importante es que la Oficina sigue dando respuestas a los problemas de siempre, los vinculados a los derechos indígenas: el atropello a los más pobres, la problemática fronteriza, la destrucción ambiental. Lo que se quiere es dar apoyo a las organizaciones indígenas legítimas de los pueblos amazonenses.

Hoy, más que nunca, esta instancia, producto de una reflexión profunda a nivel eclesial, se mantiene viva y necesaria para la defensa integral de los pueblos originarios de la Amazonía venezolana. Al dar gracias por haber sido protagonistas de la creación de la O.DD.HH. del Vicariato, también pedimos la bendición para este espacio al servicio de la vida y la justicia. Junto con nuestro agradecimiento a todo el equipo, queremos dar un reconocimiento a los señores Obispos que continuaron la obra comenzada por los anteriores, especialmente a Mons. José Ángel Divassón y a Mons. Jonny Eduardo Reyes, quienes han sabido, durante estos años, no solo conducir junto al personal las decisiones más importantes frente a casos graves, sino que han dado todo su apoyo moral al equipo que ha llevado adelante el trabajo diario.

Esta experiencia demuestra que la Iglesia puede asumir compromisos en defensa de la dignidad humana de grupos específicos cuyos derechos son vulnerados de manera sistemática y permanente. Es una opción que forma parte de su propia naturaleza que tiene que ver con la Buena Noticia del Reino de Dios anunciado por Jesús de Nazaret cuando comenzaba su misión. Cuando se creó la O.DD.HH. eran tiempos difíciles, de conflictos por la tierra, por concesiones mineras y la minería ilegal, por la entrada de garimpeiros, por problemas fronterizos y abandono de los programas de salud por parte del estado. Pero también eran tiempos de una Iglesia Misionera que había optado por los pueblos indígenas, por sus derechos y su vida partiendo de la inculturación del Evangelio.

Recordamos entre muchos otros: las Hijas de María Auxiliadora con sor Isabel Santos Martín, sor María Isabel Eguillor y sor María Narisi; los padres salesianos José Bortoli, Nelson Briceño, Ramón y Samuel Iribertegui; el ingeniero Antonio Graterol, el profesor Juan Noguera; las Hermanas de San José de Tarbes con Lilian García, María Elena Lobo, Dora Higuera; los indígenas Guillermo Guevara, José Gregorio Mirabal, Antonio Camico, Guillermo Arana y Amelia Conde; los primeros compañeros en la Oficina: María Eugenia Rengel  y Adrián Guelves. También personas especiales que, desde diferentes ámbitos, creyeron y apoyaron el proyecto con mucho esfuerzo, como nuestra querida compañera de  camino Ligia Bolívar, fundadora de Provea en Venezuela; el reconocido abogado colombiano Roque Roldán y el profesor de la universidad de Viena René Kuppe, experto en derechos indígenas, así como la profesora Raquel Yragoyen del Instituto Internacional Derecho y Sociedad, con sede en Lima, Perú; Fiona Watson de Survival International; Alejandro Parellada de IWIGIA, Viviana Kristisevic, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL, Ann Blyberd del programa internacional de becas en derechos humanos…

También recordamos el apoyo brindado por el profesor Ricardo Colmenares, defensor de derechos indígenas y promotor de la jurisdicción especial en el país. De igual manera toda la relación de trabajo conjunto con el Grupo de Trabajo Sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de los Andes (GETAI) coordinado por el profesor Vladimir Aguilar, experto en derechos indígenas y ambientales, con el grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba, iniciado por un grupo de profesionales interdisciplinarios encabezado por María Teresa Quispe y con otras instituciones internacionales de protección a los derechos de los pueblos indígenas en diferentes lugares. Todavía queda mucho camino por recorrer: apostamos a que la Oficina siga haciendo camino…

30 AÑOS DE TRABAJOS POR LA JUSTICIA Y LA VIDA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES EN AMAZONAS-VENEZUELA

Revista La Iglesia en Amazonas

El 21 de abril del 2022, en el salón de usos múltiples del vicariato de la ciudad capital, la oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho, celebró sus 30 años de fundación, con un foro abarcando temas referentes a los derechos humanos en Amazonas-Venezuela.

 Con un panel de personalidades tales como: Robert Pérez, Carlos Calderón, Eligio Dacosta, Emilia Bastidas, Grace Marcando y María Maldonado, personas que siguen apostando a la defensa de los derechos de la población que hace vida al sur del país, con este foro se enmarcó el aniversario de la oficina de DDHH del Vicariato, siendo uno de ellos.

Dentro de la participación de Eligio Dacosta, coordinador general de Orpia, se destacaron los objetivos y desafíos de ORPIA para los tiempos por venir, indicando que los derechos indígenas siguen en estado de suspenso. Por ejemplo, la propuesta de Ley de Reforma Parcial de Idiomas Indígenas, si bien es importante y relevante, si ella no va acompañada de estrategias que garanticen los conocimientos indígenas de los ancianos y ancianas en las comunidades como depositarios de los idiomas indígenas, de la sabiduría ancestral y del derecho propio (triada de la cosmovisión indígena), difícilmente la ley por sí misma pueda cumplir con los objetivos propuestos. Por lo tanto, la articulación de políticas públicas para la visibilización de las jurisdicciones especiales indígenas (JEI), como instituciones propias de los pueblos indígenas, son uno de los principales objetivos de ORPIA.

En este foro se entregaron reconocimientos a Otilio Santos y María Maldonado por su trayectoria y destacada labor en la promoción y defensa de los derechos humanos en la región.