Por: Héctor Escandell García
EQUIPO OVV AMAZONAS
INTRODUCCIÓN:
El Informe anual 2021
del Observatorio Venezolano de Violencia en el estado Amazonas (OVVA), reportó
una tasa de muertes violentas de 29,7 víctimas por cada cien mil
habitantes, por debajo de la tasa nacional, ubicada en 40.9 pero aún tan elevada como para colocar a la
entidad en el puesto número 13 entre todas las del país y sensibilizar a la
sociedad regional en torno al fenómeno de la violencia.
El mayor peso en la
tasa general proyectada por el OVV, recayó en las categorías de: muertes por averiguación con 11.3 y desapariciones con 10.7;
mientras que las categorías de homicidios y muertes por resistencia a la
autoridad se determinaron con tasas de 5.9 y 1.8 respectivamente. Sólo la tasa de desapariciones superó la cifra
nacional que para esa categoría se ubicó en 6.0; para las restantes tres categorías, las tasas estadales fueron
significativamente menores que las nacionales.
Hasta el año 2020,
las desapariciones estuvieron incluidas en la categoría de muertes en
averiguación; sin embargo, en virtud del peso relativo que adquirían, en el
marco de un contexto socio económico y político cada vez más complejo, el
Observatorio Venezolano de Violencia consideró pertinente darle a las
desapariciones un tratamiento particular y específico en el análisis del
fenómeno de la violencia y de su evolución en el país.
Por otro lado, si
bien la violencia autoinflingida escapa al objetivo central de estudio del OVV,
que se ubica en la violencia interpersonal, su ocurrencia si es registrada por
los observatorios de prensa de cada entidad federal y alimenta la base de datos
de la organización matriz. En este sentido, más que el número de víctimas,
llaman la atención sus características etarias y culturales.
Tanto las desapariciones como la violencia autoinflingida ocurridas el pasado año en el estado Amazonas, constituyen elementos de especial interés y significado para la sociedad amazonense, por su magnitud, cualidades de las víctimas y presunción de autoría (en el caso de las desapariciones).
REFLEXIONES GENERALES:
Las desapariciones
forzadas de personas, han sido muy probablemente una práctica presente a través
de la historia en cualquier región del planeta; constituyen un tema ampliamente
tratado en la bibliografía especializada, cuya raíz está vinculada al poder en
cualquiera de sus formas.
Como categoría de
estudio de las ciencias sociales en América Latina, se suele remitir su
visibilización a los años 60 y 70 del siglo pasado, particularmente en los
países del sur del continente, gobernados por militares que accedieron al poder
por la fuerza y que las utilizaron como herramienta de represión política,
aunque también, con menor énfasis y magnitud, vienen siendo reportadas como
prácticas de gobiernos “democráticos” en la historia reciente.
La evolución de las
sociedades nacionales, condicionada por realidades sociales, económicas y
políticas concretas, ha permitido que el fenómeno de las desapariciones amplíe
el espectro de la responsabilidad de su autoría, desde la inicial hegemonía
político – militar, hasta otros actores sociales, como los gobiernos electos
y especialmente de la llamada
delincuencia organizada, vinculada al narcotráfico, la trata de personas y
otras actividades ilegales de gran impacto económico como el secuestro y la
minería aurífera. En todo caso, siempre vinculadas al poder en su sentido
amplio.
Las desapariciones
forzadas conllevan efectos negativos múltiples para las familias y comunidades
próximas a las víctimas y, en la medida en que se hacen más frecuentes y
visibles impactan a sociedades enteras, sea quien sea el victimario,
transmitiendo sentimientos asociados al temor, que pueden llevar a la
paralización de la sociedad en la exigencia del cumplimiento de sus derechos.
Esta forma de
represión, en ocasiones trasciende a los individuos y alcanza a amplias
porciones de la sociedad, segregándolas y excluyéndolas del acceso a bienes y
servicios esenciales, lo que podría entenderse como una forma de desaparición
social, que suele afectar a los más pobres.
En referencia a la
violencia autoinflingida y en concreto a su expresión más dramática: el
suicidio, se observa, en particular en latino américa, una tendencia al crecimiento
en el número de víctimas, probablemente asociada a la prolongada crisis socio
económica, enmarcada en el paradigma del éxito individual a cualquier costo,
que parece identificar al actual modelo civilizatorio.
El suicidio, cualquiera sea la causa que lo motive, también suele producir efectos negativos en la familia y el entorno de las víctimas, especialmente cuando estas son niños y adolescentes. En contextos culturales específicos, estos eventos pudieran potenciar su impacto, cuestionando la vigencia de valores arraigados ancestralmente.
Las reflexiones
generales anteriores nos permiten abordar el significado de ambas categorías en
el contexto del estado Amazonas.
DESAPARICIONES EN EL CONTEXTO DE LA MINERIA Y SUICIDIOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO AMAZONAS
El estado Amazonas
presenta entre sus características, una mayoritaria población indígena,
distribuida en 19 pueblos, cada uno de ellos con sus particularidades
culturales; algunos más numerosos y otros con tamaños poblacionales que
comprometen su existencia futura; entre los primeros destacan los Yanomamis,
los Uottuja, los Jiwis y los Yekuana, con poblaciones que van desde los cuatro
mil individuos hasta alrededor de 12.000 en el caso de los Yanomamis.
En cada pueblo
indígena y, al interior de ellos encontramos distintos niveles de vinculación
con la población no indígena y consecuentemente diversos grados de
aculturación, que se expresan en la adopción de valores no tradicionales y en
la participación en actividades socio económicas características del mundo no
indígena, incluyendo algunas enmarcadas en la ilegalidad. En ese contexto, los
indígenas suelen ser el eslabón más vulnerable; sin embargo, los efectos de la
crisis multidimensional, amplia la condición de vulnerabilidad a la población
no indígena.
Para el objetivo de
este escrito planteamos la coexistencia de tres escenarios favorables para el
aumento del número de eventos calificados como desapariciones.
Un primer escenario
muestra que cada día hay más indígenas practicando la minería aurífera y el
tráfico de combustible y otros bienes, colocándolos así en ambientes
caracterizados por la violencia interpersonal y la precariedad de las
condiciones de vida.
Por otra parte, los
indígenas que ocupan porciones del territorio donde se han instalado los
intereses mineros y que se resisten a participar o ceder esos espacios, también
se ven involucrados de manera no voluntaria, a
situaciones de riesgo no convencionales desde su perspectiva cultural.
Por último, aunque no
excluye otras posibilidades, en el marco de la profunda crisis económica, los y
las jóvenes habitantes de los espacios urbanos, indígenas o no, se ven atraídos
por la actividad minera o por otras actividades ilícitas, exponiéndose a
realidades que los hacen susceptibles a convertirse en víctimas o victimarios.
Al introducir en el
análisis, el hecho de que la actividad minera viene siendo controlada por
grupos armados irregulares de origen extranjero, como ha venido siendo
denunciado reiteradamente por distintas organizaciones de la sociedad civil y
las propias organizaciones indígenas, incorpora un elemento más para la alarma
social, en tanto las desapariciones en esos contextos resultan ser eventos
frecuentes, tal como lo reportan documentos de seriedad no cuestionable.
Los argumentos
anteriores procuran mostrar un marco de referencia que permita entender la
magnitud de la tasa de desapariciones reportada por el observatorio y asomarnos
a la complejidad de sus consecuencias futuras.
Si bien las desapariciones forzadas no son ajenas a la historia del mundo indígena de Amazonas, por ejemplo, durante los periodos de extracción de caucho silvestre y otros productos de la selva que se extendieron hasta la cuarta década del siglo pasado, en la región se vivió un largo periodo de paz, hasta la expansión de la minería de oro en la década de los años 90 y especialmente en los últimos años, cuando las desapariciones retornaron al espacio de la denuncia y sobre todo de la conversación informal.
La proyección
estimada por el OVV hasta septiembre de 2021, arroja la ocurrencia de 18
desapariciones y aun cuando no contamos con información suficiente para
caracterizar con precisión a las víctimas, la que está disponible permite
inferir que la mayoría son jóvenes, procedentes de los tres escenarios
planteados y que los eventos están vinculados mayoritariamente a la minería. Lo
anterior se basa en las denuncias conocidas a través de los medios de
comunicación y del conocimiento directo de algunos casos, que no son
formalmente denunciados.
El rol de los grupos armados irregulares, parece inscribirse en el ámbito de los victimarios, al establecer las reglas de comportamiento y las sanciones por su incumplimiento en esos espacios.
Aun cuando pensamos
que lo descrito no agota la causalidad de las desapariciones ocurridas en el
estado Amazonas, también creemos que de no producirse una intervención oficial
efectiva en los territorios mineros, es posible que esta categoría de violencia
se agudice en los próximos años.
Con respecto a la
violencia auto inflingida en niños, niñas y adolescentes, queremos abordar los
casos registrados de violencia autoinflingida causante de muerte, que
involucran a niños y niñas indígenas, en tanto no parece ser este un evento que
pudiéramos catalogar como "normal" en el panorama histórico de la
violencia y, si un efecto de las circunstancias que rigen en la actualidad el
contexto social, económico y cultural de la entidad.
Aun cuando no existen
estadísticas oficiales, referidas a esta realidad concreta, que permitan
establecer comparaciones, no parece haber antecedentes de la magnitud y
características reportadas en 2021,
según las fuentes consultadas por el observatorio de prensa y la experiencia
personal.
EL OVV
Amazonas registro seis casos de suicidios de niños, niñas y el de una joven de
22 años en los últimos días de diciembre. De ellos, cuatro se corresponden a
varones, entre 12 y 15 años y, los dos restantes a una niña de 12 años y la
joven de 22; en los casos de los niños, los eventos ocurrieron en comunidades
indígenas de distintos pueblos: Yekuana, Jiwi y Baniva, mientras que en el caso
de la niña de ascendencia Jiwi y la joven de origen Baniva, los sucesos se
produjeron en barrios
de la capital Puerto Ayacucho.
El suicidio
tiene una base multifactorial, ya que se presenta como una solución permanente
ante un intenso dolor emocional, mental y/o físico; puede ser el resultado de
un acto impulsivo repentino o de una planificación cuidadosa, Los niños y
adolescentes victimas el pasado año, fueron identificados por las fuentes con
conductas de depresión y rebeldía como consecuencia de estar reprimidos en
casa, todo ello asociado a los cambios
de rutinas, generados por el confinamiento del Covid-19, otro factor de riesgo.
De acuerdo a
las fuentes consultadas por el observatorio de prensa del OVV Amazonas, ninguno
de los casos fue sometido a investigación judicial, por lo que las motivaciones
no pudieron ser precisadas formalmente; sin embargo, de la información
obtenida, se pudo inferir que tres de los sucesos fueron producto de relaciones
intrafamiliares aparentemente mal gestionadas y uno obedeció a motivos
pasionales.
Nuestra
preocupación se circunscribe ante un fenómeno que no parece obedecer a pautas
culturales tradicionales entre los pueblos indígenas. De la información obtenida
se pudo conocer que la depresión, la falta de comunicación, las discusiones con
sus progenitores y el entorno de hogares disfuncionales resultaron detonantes
de los casos reportados.
La exploración
efectuada entre las fuentes de información, muestran que atención psicológica a este grupo de edad es
infrecuente y, cuando se hace, probablemente no se estén evaluando elementos
que reflejan el cambio cultural, que todos los pueblos indígenas están
experimentando en el marco de la emergencia humanitaria; por ejemplo, aquellos
que se derivan de la migración a contextos urbanos desde las comunidades, o los
vinculados a nuevas formas de gestión económica.
De lo anterior parece evidenciarse que la violencia estructural y
multidimensional, que afecta a la mayoría de la población, tiene como víctimas
más sensibles a los niños, niñas y adolescentes, con particular significación
en los N,N y A indígenas.
Por último, puede afirmarse que el sector publico regional ha perdido
capacidades para la atención de las necesidades básicas de la sociedad,
especialmente en materia de salud y particularmente en los servicios de salud
mental, dejando expuestos a los niños, niñas y jóvenes a mayores posibilidades
de convertirse en víctimas de los fenómenos de violencia considerados, lo que
debería estimular tanto la respuesta institucional como la exigencia de la
sociedad en torno a la correcta materialización de sus derechos.
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