Derechos Humanos Amazonas

REFLEXIONES SOBRE EL FUTURO

Un reto para los jóvenes

II PARTE

 por: Héctor Escandell García 

Redefinir el rol del estado

 Se requiere redefinir el rol del estado, su tamaño, su institucionalidad y sus competencias exclusivas. No se trata de volver al pasado; es ubicarse en el tiempo histórico y fijar sus objetivos, que no pueden ser los mismos que hace dos siglos. El estado trasciende los gobiernos, su función es propiciar espacios y condiciones para la vida digna, de calidad, para cada uno de sus ciudadanos, superando los intereses de los grupos de poder económico y/o político partidista, que promueven ideologías que no han logrado resolver los problemas básicos de la humanidad, por el contrario los han diversificado y potenciado. Pensamos en un estado que simplifique su trama burocrática, pero que sea suficientemente fuerte para asegurar su función estratégica: propiciar espacios y condiciones para la vida de calidad. Esto podría lograrse materializando el federalismo real y concreto, que está indicado en la constitución nacional, y que necesita ser esclarecido, devolviéndole así a los ciudadanos el pleno ejercicio de sus derechos. Un estado que entienda que el bienestar de las personas, de todas las personas, debe ser su principal responsabilidad, por lo que la economía nacional, como hemos dicho, debe medirse en la eficiencia de las políticas de los gobiernos, fundamentalmente en la eficiencia social positivamente transformadora. Consecuentemente, un estado que logre en el corto plazo, por lo menos desmineralizar la economía, en tanto ésta sea esencialmente de exportación de materias primas. Esa desmineralización  de la noción del desarrollo pasa por el fomento sostenido del empleo productivo en actividades sostenibles, que, a su vez, sirva para fortalecer día a día la autogestión de la sociedad. Todo ello pasa, por ejemplo, por derogar el decreto que fundamenta el Arco Minero del Orinoco, entre otros instrumentos de la política económica convencional.

Se requiere de un estado que por vía constitucional, obligue a los gobiernos a fortalecer el protagonismo de la sociedad, basada en sus capacidades de actuación autogestionaria en materia económica. Se necesita un estado que por la misma vía legal neutralice el presidencialismo y cualquier nefasta variante mesiánica, que hace sentir imprescindibles a los individuos mientras coarta el crecimiento social. Necesitamos un estado que modere las expectativas protagónicas, derivadas de la presunta y falsa noción de la riqueza derivada de la presencia de recursos naturales en su territorio; eso pasa por mantener el bienestar de toda la sociedad como objetivo superior, lo que justifica su existencia, así como la de los gobiernos. Es decir: un estado y un gobierno viables sólo se entienden si su gente disfruta de condiciones de vida digna. Para ello es indispensable comprender e internalizar que no habrá vida de calidad en un ambiente degradado. Es preciso un estado que ética y legalmente obligue a moderar la ganancia económica privada, especialmente la derivada de las actividades de especulación financiera, y orientarla hacia el bienestar de toda la sociedad; por ejemplo, por vía de los impuestos a la ganancia, mientras que en paralelo atenúe la carga impositiva al común de la sociedad; por ejemplo, eliminando el perverso IVA y otras tasas similares.

Urge un estado que:

Un estado que no permita algún tipo de hegemonía de la comunicación y la información, estimulando el comportamiento ético de los medios, promoviendo el debate democrático, la crítica y el control social sobre los gobiernos; Un estado que materialice el derecho de los pueblos indígenas a la titulación de sus territorios, mediante las modalidades que aseguren el mayor bienestar común para toda la población venezolana. Un estado que proteja de manera efectiva a los más débiles: los niños y los ancianos, garantizando la seguridad social diferenciada y para todos. Un estado que asuma su responsabilidad en la mejor educación de sus ciudadanos: el estado docente que haga realidad la gratuidad de la educación en todos los aspectos que puedan condicionar el logro exitoso del proceso educativo; un estado que obligue a los gobiernos a decidir en favor de la inversión educativa antes que en el gasto militar. Un estado que reserve la propiedad pública de los bienes naturales esenciales para el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales: aguas, bosques, minerales; que de igual manera se reserve el dominio sobre la industria petrolera, las comunicaciones y las administre de manera socialmente eficiente, en las modalidades más convenientes. Esto hasta tanto se logre diversificar la base económica sostenible; por ejemplo: mediante industrias manufactureras medianas, que generen empleo, ubicadas donde mayor sea el impacto social positivo, y que utilicen la mayor cantidad de materias primas locales, energía y procesos no contaminantes.

Este momento histórico está marcado, por un lado por la crisis de la economía, crisis cíclica consecuencia del modelo rentista, que entre muchos efectos limita fuertemente la soberanía financiera, producto de la deuda y las condiciones de los mal llamados bonos soberanos, que hoy están en poder de los más perversos agentes del sistema mundial. Una economía enmarañada en las reglas de juego del capitalismo omnipresente. Momento que está marcado también por la condición de extremo desvarío de la sociedad, la ruptura del tejido social, el debilitamiento de la organicidad de las estructuras sociales, el fracaso del sistema educativo, que en conjunto condicionan de manera severa la posibilidad que tiene la sociedad de percibir la realidad que la aqueja y, consecuentemente, de actuar para corregir, para construir otra realidad más satisfactoria. Todo ello aliñado con una corrupción desmedida, arraigada casi como un valor social en la llamada” viveza criolla”. Un estado como el que hemos cualificado, sólo será posible con una sociedad democráticamente madura, que habrá que construir paralelamente sin pausa. Un estado que sea capaz de discernir lo estratégico de lo urgente y priorizar, a pesar del supuesto costo político electorero, lo estratégico. El estado debe establecer en la sociedad la noción de que la riqueza está en las personas, en sus cualidades, por lo que el sistema educativo deberá responder a las necesidades que surjan del reconocimiento del entorno y no a presiones internacionales o a ideologías superadas y comprobadamente ineficientes. Como el estado se retrata en la constitución, habrá que revisar si lo dicho está considerado adecuadamente; si no fuese así, habría que incorporar los elementos necesarios.

La educación para la democracia y democracia en la educación

Compartimos la común afirmación de que es la educación el medio para alcanzar la madurez requerida; pero necesitamos otra educación, no ésta que replica las condiciones de minusvalía de la sociedad civil, sociedad que, contrariamente a lo presumido, tiene hoy una mayor o al menos peor diferenciación en clases sociales, incluyendo categorías como “traidores a la patria” y “desechables”; división en clases sociales que ha servido, para la confrontación vana, la que no permite construir consensos básicos para avanzar. Esa otra educación debe devolverle a los ciudadanos la posibilidad de disfrutar plenamente de sus derechos; debe ser humanista, ecológica y política, y debe perseguir entre sus objetivos que las personas asuman conscientemente sus responsabilidades. Esa educación debe proveer a la sociedad aptitudes y actitudes para viabilizar formas sostenibles de vivir, que incluyan nuevos modos de producir y consumir. Lógicamente requerirá otros educadores que deberán ser formados con urgencia y calidad. Estoy convencido que los formadores existen.

El estado Amazonas y sus potencialidades desde una ecología integral

 Todo lo que hemos señalado es por supuesto pertinente para Amazonas, adecuado a sus particularidades socio-biológicos y culturales. En concreto, actuando sobre la percepción que tiene la sociedad en general y los amazonenses con respecto a la naturaleza, debe pasar desde el utilitarismo convencional y la estética contemplativa, hacia su valoración esencial, reconociéndonos parte de ella. Es decir, vivir en y con la naturaleza, aceptándola como sujeto de derecho: es lo que llaman la ecología integral, cuya materialización requiere otra ética y otra práctica. El sub sistema económico deseable para el estado Amazonas, debe orientarse a producir el mayor bienestar social. Para ello requerimos otra forma de hacer política, soportada en un reconocimiento y valoración profunda de las potencialidades y las restricciones, de manera de asegurar la mayor sostenibilidad de las decisiones que tienen incidencia en el empleo y la producción de bienes y servicios.

Un tema ineludible es el de la minería, cada día más arraigada en los modos de procurar la satisfacción de las necesidades materiales. Una minería cuyos costos sociales y ecológicos superan con creces el supuesto beneficio, traducido en el dinero. La decisión justa sería erradicarla de tajo, como se hace con el cáncer; sin embargo, es evidente que con la sociedad que tenemos ello es prácticamente imposible. La política a seguir debe tener al menos dos vertientes: por un lado desestimularla, creando condiciones para que quienes la practican, obteniendo poco o nulo beneficio material (la mayoría), dispongan de otros espacios de gestión económica satisfactorios; paralelamente, ordenarla de manera tal que sea el estado y la entidad quienes puedan controlar y orientar el destino de la “ganancia” derivada de la descapitalización, hacia aquellas áreas que produzcan mayor bienestar social; por ejemplo, el financiamiento de infraestructura social básica: salud, educación, agua, energía, y/o de los esfuerzos de producción sostenible. La minería no metálica (arcillas, granito….) constituye otra opción para la generación de empleo, con mayor justificación ética, en tanto incorpore localmente la agregación de valor mediante su transformación en otras materias primas y bienes terminados.

El estado Amazonas continúa siendo uno de los espacios globalmente estratégicos para la vida humana, esto en función de los servicios que produce la naturaleza: agua dulce, estabilidad climática, fijación de CO2, base genética de alimentos, materiales, medicinas…., en contraste, es una de las regiones menos conocidas sistemáticamente por la ciencia. Con base en lo anterior, proponemos reconceptualizar al estado Amazonas como un espacio para el conocimiento, la investigación y la formación de talento en el manejo sostenible de la gran región amazónica, valorizando adecuadamente el patrimonio cultural y científico derivado de la presencia milenaria de los pueblos indígenas. La creación de la Universidad de la Biodiversidad Amazónica podría ser una opción con incidencia global, aprovechando el interés creciente por la conservación de la amazonía. Ello pudiera sentar las bases para que en el futuro se pueda exigir compensación por los servicios globales y la conservación, modalidad que se aplica en otras regiones del mundo, tal vez menos estratégicas para la humanidad. La procura y la práctica de la sostenibilidad abriría espacios para el desarrollo de políticas públicas en diversas áreas; por ejemplo: fortalecería la capacidad de negociar en el ámbito nacional y aún en el internacional, la implementación de tributos correctivos para incidir y orientar la actuación económica hacia objetivos estratégicos: salud y saneamiento ambiental, o impuestos por conservar las fuentes de agua, la capacidad de brindar servicios ambientales, la biodiversidad, entre otras opciones.

Otra área vital para construir sostenibilidad, tiene que ver con la producción agroalimentaria, definida a través del manejo sostenible de la biodiversidad y de los elementos de soporte físico (agua y suelos). Ésta debe ser orientada básicamente a atender las necesidades locales; sin embargo, en paralelo puede incidir en otros espacios geográficos nacionales y foráneos, con algunos de los productos ya conocidos y otros que irán surgiendo de la investigación sistemática. Esta agricultura amazónica debe ser pilar de la función social del sub sistema económico. Pensamos que, establecidas las condiciones esenciales, el estado podría ser un destino para modalidades de turismo llamado ecológico. Esta opción es la que a más corto plazo podría generar múltiples fuentes de empleo y servir a los propósitos de los pueblos indígenas, incluyendo la titulación de sus territorios. Sin duda son muchas cosas las que están por hacer, entre ellas humanizar y civilizar a Puerto Ayacucho, lo que requerirá un especial esfuerzo de dotación de capacidades sostenibles para brindar condiciones de vida digna a sus habitantes, entre ellas la dotación de energía eléctrica alternativa, que reduzca y/o minimice la dependencia hacia el sistema nacional; por ejemplo, pensar en el aprovechamiento hidroeléctrico de los raudales de Atures.

 Lo mismo es válido para los centros poblados del interior del estado; particular atención requerirán aquellos ubicados en la frontera, donde la implementación de alternativas económicas sostenibles, exigirá un especial esfuerzo de innovación. Garantizar la integración física del territorio es también una tarea urgente; fortalecer un sistema intermodal, que integre carreteras, aeropuertos y el aprovechamiento de la amplia red fluvial, demanda la participación de expertos y la aprobación de la sociedad; la habilitación y el mantenimiento de los canales de navegación, generaría empleos permanentes en espacios geográficos que lo requieren; la conexión del valle del Manapiare y de las tierras del Alto Ventuari, a través de Los Pijiguaos y, desde allí, hacia Puerto Ayacucho, sería un estímulo invalorable para los productores agrícolas uwottüja, yabarana, jivi y ye´kuana de esas tierras.