INFORME ANUAL REGIONAL DE VIOLENCIA O.V.V. AMAZONAS
El estado Amazonas, ubicado al sur
del país, comparte fronteras con las Repúblicas de Colombia y Federativa de
Brasil. Con una extensión territorial de 183.500 kilómetros cuadrados, cuenta
con una estructura político administrativa compuesta por 7 municipios: Alto
Orinoco, Atabapo,
Atures, Autana, Manapiare, Maroa y Río Negro y 23 parroquias.
Su población estimada en 187.852
habitantes (I.N.E. – 2017), se concentra en el municipio Atures (80 %), sede de
la capital estadal Puerto Ayacucho, que, a su vez, alberga alrededor del 90 %
de ellos.
El territorio presenta una gran
diversidad biológica dispuesta sobre ecosistemas frágiles que contienen
reservas cuantiosas de minerales de alto valor económico (oro, coltan, tierras
raras), que, en conjunto, viabilizan las diversas economías presentes en la
entidad; una que sostiene modos de vida tradicionales mediante la provisión de
alimentos y materiales, otra basada en la minería ilegal, expresamente
prohibida por la legislación vigente y que mueve un conjunto de actividades de
servicios y de aprovisionamiento igualmente ilícitas. Ambas se complementan con
la economía formal, debilitada y altamente dependiente del sector público y una
creciente economía informal urbana, basada en el comercio de alimentos,
medicinas, combustible y que ha impuesto el peso colombiano como la principal
moneda de cambio.
El O.V.V.–Amazonas inició sus actividades
el pasado mes de octubre, lo que, aunado a la ausencia de información
estadística oficial confiable, limita la posibilidad para realizar un análisis
exhaustivo acerca de la situación de violencia en la entidad; no obstante,
seguidamente se presentan los datos disponibles, interpretándolos
analíticamente para identificar tendencias acerca de las diferentes expresiones
de violencia reportadas.
1.1 Tasa de muertes violentas proyectada
Para el año 2020 la tasa de muertes
violentas proyectada para el estado Amazonas es de 16.6 por cada 100 mil
habitantes, lo que la ubica por debajo de la tasa nacional (45.6); sin embargo,
en el caso de Amazonas, es necesario considerar que la confiabilidad y cobertura
espacial de los registros utilizados en el cálculo presentan una alta incertidumbre,
al tener en cuenta la debilidad de las capacidades de levantamiento de
información, especialmente en los municipios del interior del estado, carentes
de la estructura institucional competente y de los medios de comunicación que
permitan a la población dar cuenta de lo que sucede.
Al comparar la tasa con los registros
de los años 2018 (71) y 2019 (58), se observa una tendencia hacia la baja,
similar a la que se reporta para el país. Para intentar explicar esta disminución
asomamos algunas hipótesis complementarias:
- El deterioro sostenido de las
condiciones de vida de la población en el ámbito urbano ha estimulado el
movimiento migratorio, que incluiría al componente de la población que Ɵ ene en
la violencia su modo de vida y que se expresa también en la reducción de las
oportunidades de delinquir.
- La intención del gobierno de
invisibilizar la situación real de la violencia, al ocultar las cifras oficiales.
- La pérdida sostenida de capacidades de actuación de las instituciones
responsables de atender el problema de la violencia y la aparente cesión de
territorios peri-urbanos al control de grupos armados irregulares (ELN,
paramilitares).
- El cierre intencionado de las
posibilidades de tránsito y comunicación hacia el interior del territorio,
donde predominan actividades ilícitas vinculadas a la minería y la presencia de
grupos armados irregulares: guerrilla y paramilitares. Asumiendo las cifras
disponibles, el estado Amazonas sería la entidad menos violenta del país, a
diferencia de los dos años anteriores cuando ocupó los lugares 12 y 10 entre
los más violentos.
1.2 Tasa de homicidios, de resistencia a la autoridad y de muertes en averiguación
Las
tasas de homicidios, de muertes por resistencia a la autoridad y de muertes en
averiguación proyectadas para el estado Amazonas en 2020 han sido establecidas
en 8.6; 3.1 y 4.9 por cada 100 mil habitantes. Todas por debajo de los valores
nacionales de 15.9 para homicidios, 16.2 por resistencia a la autoridad y 13.4
en averiguación.
De esta forma el estado Amazonas
ocuparía el lugar 21 entre todas las entidades federales en homicidios y el
lugar 24 tanto en muertes por resistencia a la autoridad como en muertes por
averiguación.
Al comparar los valores obtenidos
para este año con los correspondientes a 2018 y 2019, se observa una
orientación hacia la disminución de las tasas en cada una de las categorías.
Las causas de ello parecen ser similares a las enunciadas para la tasa general
de muertes violentas.
1.3 Caracterización de la violencia en el estado Amazonas
El estado Amazonas, hasta las últimas
décadas del siglo XX, se caracterizó por presentar bajas tasas de violencia; la
situación comenzó a variar a partir de la habilitación de la carretera que
comunica la capital con el norte del país, lo que introdujo cambios en las
modalidades delictivas hasta esos momentos predominantes. La ciudad creció de
manera vertiginosa, sin haber estado preparada para ello, surgiendo así un
conjunto de asentamientos precarios, donde se asentaron parte de los migrantes
provenientes de otras regiones del país, de Colombia y de indígenas movilizados
desde el interior del estado.
Desde ese tiempo, modalidades de
violencia interpersonal parecen haberse arraigado en la realidad local,
evidenciadas en el crecimiento de las tasas de muertes violentas, particularmente
en Puerto Ayacucho. Paralelamente, ese período coincide con la intensificación
de la actividad minera ilegal en la región del Alto Orinoco, con la incursión
de los llamados garimpeiros provenientes de Brasil, que produjeron al menos uno
de los episodios más emblemáticos de violencia, conocido como la matanza de
Haximú (1992), donde fueron asesinados un número no precisado de indígenas
Yanomami.
El proceso judicial derivó a la Corte
Internacional de Justicia, comprometiéndose el Estado a proteger de manera especial
al pueblo Yanomami. A partir del 2003, al intensificarse la presencia de
mineros ilegales y grupos irregulares armados, ahora dispersos en distintas
localidades del territorio y facilitada por la extensión y débil capacidad de
resguardo de la frontera internacional y de los límites con el estado Bolívar,
los hechos delictivos y de violencia física interpersonal se han intensificado,
si bien la mayor parte de ellos no son reportados a las autoridades y
consecuentemente no se incorporan a las estadísticas oficiales.
Desde 2013, la situación de
invisibilidad de lo que ocurre en el interior del estado, en particular en las
áreas mineras, se ha profundizado, presumiblemente promovida desde el gobierno
en un momento en que se intensificó tanto la minería como la presencia de los
grupos irregulares armados. Éstos tomaron el control sobre los espacios donde
se emplaza la actividad minera, en ocasiones desplazando a las comunidades indígenas,
otras incorporando a algunos habitantes, especialmente a los jóvenes y sustituyendo
las instancias del Estado responsables de la seguridad e integridad del
territorio nacional.
Podríamos concluir que, para el estado
Amazonas, es posible distinguir, en términos generales, dos condiciones
espaciales de la violencia: por un lado la que llamaríamos convencional urbana,
asociada a los tipos de delitos comunes en otras áreas urbanas del país; y por
otro lado, la violencia vinculada a la actividad minera ilegal que ocurre en
todas los focos de minería, siendo esta menos visible y por tanto más difícil
de registrar y documentar.
A lo anterior habría que incorporar
una modalidad que denominaremos violencia tradicional indígena, que es aquella
que se expresa dentro de la cultura de algunos pueblos indígenas y que por
ello, aunque suele ser identificada como forma de violencia desde nuestra
perspectiva, puede no serlo desde la perspectiva indígena. Otra categoría de
violencia presente en el estado, es la referida a la degradación de las
condiciones ambientales del territorio, especialmente la contaminación de las
aguas por el uso del mercurio, la descarga de aguas servidas sin tratamiento
previo a los cauces naturales, la destrucción focal de la biodiversidad por
deforestación, los incendios y los procesos de urbanismo, entre otros fenómenos,
que, realizada por particulares afectan al conjunto de la sociedad de distintas
formas, especialmente en las condiciones vinculadas a la salud. Esta última
categoría requiere mayor trabajo conceptual para sensibilizar a la sociedad y
las autoridades acerca de su importancia.
2.- SITUACIÓN SECTORIAL DE LA VIOLENCIA; REALIDADES, INTERPRETACIONES Y
TENDENCIAS
En este ámbito las posibilidades de
interpretar la realidad e identificar tendencias, se ve limitada por la
ausencia de información oficial asequible. El OVV Amazonas apenas comienza a
sistematizar la información producida especialmente por los medios no oficiales.
No obstante, se presentan datos recogidos durante los meses de noviembre y
diciembre, con la finalidad de mostrar la ocurrencia de los distintos tipos de
delitos.
2.1 Tipos de violencia
No es atrevido afirmar que en
Amazonas están presentes todas las modalidades de violencia que se reportan
para otras regiones del país, desde los hurtos hasta los homicidios en sus
diversas variantes y la tentativa de ellos, pasando por la extorsión, la
violencia de género y sexual, las amenazas, agresiones, la coacción, la
violencia intrafamiliar, la ejercida contra los ciudadanos en la exigencia de
sus derechos y los suicidios. Varían las tasas de ocurrencia en función de las
particularidades sociales y económicas, así como el número de casos en virtud
del tamaño de la población.
2.2 Móvil de los tipos de violencia
Con las mismas consideraciones preliminares anteriores, los móviles que incitan a la violencia son múltiples; entre ellos, las carencias derivadas de la crisis que podrían estar estimulando la mayoría de los delitos menores, como los hurtos, algunas formas de extorsión, amenazas, agresiones, violencia intrafamiliar y la coacción, pudiendo derivar algunos de ellos en suicidios, homicidios o tentativas de ellos. En otro contexto, delitos como la trata de personas, el contrabando, la extorsión pueden estar asociados a la delincuencia organizada en bandas que se localizan en el espacio urbano.
En el ámbito de la pandemia y la
consecuente cuarentena, podrían encontrarse las causas de delitos vinculados a
la violencia de género y violencia sexual, así como modalidades de violencia
intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes, los suicidios. En el marco de
las protestas sociales motivadas por la crisis de los servicios públicos, los
bajos salarios y la escasez de combustible, encontraremos hechos de violencia
oficial como las amenazas y la represión.
En el contexto de la minería, los
móviles de la violencia suelen estar asociados al control de la propia actividad
y de aquellas conexas con el abastecimiento y los servicios, el control de los
territorios, la distribución de las ganancias y los castigos por mal
comportamiento efectuados generalmente por los grupos armados irregulares.
Aquí, el sicariato y los ajustes de cuentas parecen ser frecuentes.
3.- DESCRIPCIÓN Y CONJETURAS DE INTERPRETACIÓN DE LA SITUACIÓN DE
VIOLENCIA EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
Como en los ítems anteriores la
posibilidad de descripción e interpretación se ve limitada por la ausencia de
información confiable.
3.1 Caracterización de los patrones espaciales de las muertes violentas
según municipios:
Los datos disponibles muestran que solo los municipios Atures y Atabapo
reportan muertes violentas; para el primero de ellos las tasas de muerte por
violencia se ubica en 22 por cada cien mil habitantes, respondiendo los
homicidios por una tasa de 11; las muertes por resistencia a la autoridad a
4.2, y las muertes en averiguación a 6.8. El predominio urbano de la población del
municipio explicaría la posición de liderazgo en el estado.
En el caso del municipio Atabapo, la
tasa reportada de muertes violentas es de 10.5, toda ella concentrada en la
categoría de homicidios. San Fernando de Atabapo, capital del municipio, es el
segundo mayor centro poblado de la entidad y se caracteriza por actuar como un
nodo desde donde los mineros se desplazan hacia el interior del territorio y
desde donde una parte no determinada del producto minero ingresa a Colombia. La
ausencia de datos para el resto de los municipios se explicaría por la ausencia
de las autoridades competentes y las dificultades de comunicación y traslado.
4.- CAMBIOS EN LOS PATRONES DE VIOLENCIA COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA
Y LA CUARENTENA
En términos generales, la pandemia y
la cuarentena podrían estar desempeñando un rol relevante en la disminución de
la tasa general de muertes violentas, hecho que puede trasladarse a las tasas
diferenciadas de homicidios y muertes por resistencia a la autoridad; sin
embargo, no disponemos de antecedentes de información específica y confiable
para corroborar esta conjetura.
5.- LA SITUACIÓN DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL, PROTESTAS Y REPRESIÓN POLÍTICA
El año 2020 se ha caracterizado por
ser un período de alta conflictividad social al compararlo con años anteriores,
esta realidad ha sido evidente aun cuando no se conozcan registros anteriores.
La protesta se ha convertido en el medio de expresión social más utilizado para
cuestionar la respuesta pública en temas como las carencias de gas doméstico y
gasolina; las deficiencias en el servicio de agua potable, tanto por la
cobertura del acueducto como por el suministro de los camiones cisterna, han
sido de las más frecuentes.
Otras causas de protesta se asocian
al precario servicio eléctrico, al costo de la vida, al servicio restringido de
la banca pública, a la ubicación del comercio informal en la trama urbana, a
las fallas recurrentes del transporte público hacia las comunidades de los ejes
carreteros y a las condiciones de la infraestructura y de los servicios de
salud.
En general, las protestas se han caracterizado por la dispersión espacial, el escaso número de participantes y el bajo impacto en la colectividad. Las autoridades civiles y los órganos de seguridad competentes, en general, han actuado privilegiando la negociación. Únicamente en el caso de la ubicación del comercio informal se han reportado hechos de violencia física asociados a la represión.
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