Derechos Humanos Amazonas

COLOMBIA: SIN FIN A LAS PROTESTAS MASIVAS

Colombia no se viene al descanso. Se dice que 68 personas murieron en las protestas en curso contra el gobierno. El detonante del descontento y las manifestaciones masivas fue una reforma fiscal planificada. En respuesta, sindicatos, estudiantes y asociaciones indígenas convocaron a una huelga general el 28 de abril de 2021. La policía y el ejército reaccionaron a las manifestaciones en curso con violencia masiva. Desde Colombia, la organización socia de MISEREOR FASOL informa sobre las actuales protestas masivas en Colombia y los efectos de la actual crisis en el poder judicial. FASOL es una organización colombiana de autoayuda para miembros del poder judicial, que cuenta con el apoyo conjunto de MISEREOR y la Asociación Alemana de Jueces (DRB). Astrid Bode de la DRB nos facilitó su informe.

Artistas, activistas y familiares de los desaparecidos forzadamente han pintado grafitis de unos 200 metros de largo en la calle frente a la sede de la justicia especial para la paz en Bogotá. © Fundación Chasquis / Carlos Gallardo

Reformas a expensas de los pobres

Las protestas masivas en Colombia fueron desencadenadas por una reforma fiscal planificada por el gobierno del presidente Duque. Desde entonces, esta reforma se ha retirado. Se preveía un aumento del impuesto sobre las ventas, que habría tenido un impacto negativo principalmente en los precios de los alimentos básicos y los combustibles. Los grupos de población pobres y la clase media se habrían visto especialmente afectados por los aumentos de precios. Eso habría agravado la brecha social en el país. Colombia ya está marcada por una desigualdad extrema. Más del 40 por ciento de la población es pobre. Según la oficina de estadísticas de Colombia, un tercio de estas personas vive en extrema pobreza. Además, se habían anunciado reformas en los sectores de la educación y la salud, que habrían supuesto una carga adicional para la gran mayoría.

Violencia policial masiva

El gobierno respondió a las protestas desde el principio con una presencia policial masiva y violencia. Las Fuerzas Especiales de Lucha contra los Disturbios (ESMAD) también fueron apoyadas por militares en ciudades como Cali. El presidente Iván Duque ordenó el operativo militar a principios de mayo. Según información de Human Rights Watch, los violentos enfrentamientos ocurrieron68 personas muertas. Además, está aumentando el número de personas consideradas "desaparecidas". Según la campaña “Defensora de la Libertad”, actualmente se encuentran desaparecidas 346 personas que fueron arrestadas arbitrariamente y / o arrestadas como parte de protestas pacíficas. FASOL también habla de 106 casos de violencia de género (especialmente sexual) por parte de las fuerzas de seguridad y 2.808 detenciones, a menudo arbitrarias (hasta el 5 de junio). El presidente Duque respondió acercando a los manifestantes a terroristas y bandas criminales.

Los militares no solo utilizaron cañones de agua contra los manifestantes, sino también gases lacrimógenos; se hacen disparos una y otra vez. © FASOL

Graves problemas sociales, incluso antes de Corona

FASOL, la Corporación Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos, ve la pandemia de la corona como un cristal en llamas para los graves problemas del país. En particular, esto incluye la no implementación de facto del tratado de paz de 2016, pero también la sobreexplotación extensiva de la naturaleza (incluido el regreso de la minería extractivista, la ganadería extensiva, los monocultivos de palma y la deforestación en la Amazonía). Al mismo tiempo, esta política está muy alejada del objetivo político global de una mayor sostenibilidad ecológica. Esta fue una de las demandas de la huelga. La lucha contra el narcotráfico y sus consecuencias sociales es también uno de los problemas centrales en Colombia. El uso de productos químicos (por ejemplo, glifosato) se utiliza a menudo, independientemente de la población rural. 

Los manifestantes pacíficos exigen dignidad, mejores oportunidades laborales y la implementación del acuerdo de paz. © FASOL

El comportamiento autoritario y la represión contra los manifestantes también provocan un mayor resentimiento entre la población. El enfoque intransigente es visto como un intento por parte del partido gobernante y su fundador, así como del ex presidente Uribe, quien aparentemente quiere garantizar su impunidad mediante la cooptación de cargos en toda la administración pública. Después de todo, se puede culpar a numerosos escándalos de corrupción por la amargura y la ira de la gente. Solo en el último año, la corrupción causó daños al presupuesto nacional de alrededor de 11 mil millones de euros (50 billones de pesos colombianos).

Efectos sobre el poder judicial

La situación política general tiene un impacto en la situación del poder judicial. FASOL informa cuatro ejemplos que describen la situación general muy contradictoria:

Comportamiento de la Corte Suprema de Cundinamarca : El 26 de abril, la decisión de un caso reveló la falta de independencia del Poder Judicial y una flagrante violación de los derechos fundamentales. Se intentó prohibir la huelga general. La decisión fue considerada arbitraria porque el artículo 37 de la Constitución colombiana garantizaba la libertad de reunión, mientras que dicha decisión buscaba prohibir las reuniones durante la pandemia.

Decisión judicial en Manizales: El 5 de mayo, un juzgado administrativo de Manizales afirmó el derecho a la protesta y señaló que las autoridades estatales eran responsables de los excesos de violencia.

Comportamiento inconsistente de los jueces principales: Los presidentes de la Corte Suprema firmaron primero una carta abierta pidiendo al gobierno que defienda los derechos fundamentales. Solo un día después, el 6 de mayo, los presidentes de las Cortes Supremos se reunieron para reunirse con el presidente Duque. Luego publican una declaración respaldando al gobierno y (con razón) condenando la violencia y el vandalismo, sin abordar la violencia de la policía y los paramilitares al mismo tiempo. Este enfoque indiferenciado ha causado irritación tanto en el poder judicial como en la sociedad porque se esperaba una posición clara en la defensa de los derechos fundamentales. Solo dos jueces del Tribunal Constitucional aclararon su posición al respecto. Ya el 22. Para septiembre de 2020, la Corte Suprema dictaminó que el derecho a manifestarse era un derecho fundamental y que se utilizó una violencia excesiva “sistemática y arbitrariamente” con motivo de las huelgas de 2020. Se instó al ejecutivo a tomar medidas para garantizar la protesta pacífica y frenar el uso desproporcionado de la fuerza.

Error del Fiscal General Francisco Barbosa: El Fiscal General tiene un papel sensible en Colombia. A juicio de FASOL, esta función solo la cumple de manera unilateral, ya que constantemente toma partido por el gobierno y al mismo tiempo ha pedido que se tomen medidas contra la huelga general fuera de su jurisdicción. Por ejemplo, el 6 de mayo Barbosa pidió la expropiación de los vehículos de las empresas de transporte que habían bloqueado las vías. Esta demanda fue criticada por falta de conocimiento legal, porque según la ley colombiana no se aplica ningún acto de expropiación.

Durante semanas, la gente se ha estado manifestando pacíficamente contra el gobierno colombiano en todo el país; la reforma fiscal está fuera de la mesa, pero la violencia y el hambre omnipresentes permanecen. © FASOL

El diálogo como única solución

Mientras tanto, el presidente Duque ha ofrecido un diálogo. Pero después de la militarización y polarización precedentes, ese diálogo enfrenta enormes desafíos. El gobierno a menudo no ha cumplido con los acuerdos anteriores. Además, las discusiones serias sobre soluciones sustantivas siguen siendo difíciles mientras continúe la violencia excesiva de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes pacíficos. La pérdida de confianza duradera es enorme, la polarización existente en la sociedad está aumentando. Sin embargo, el diálogo sigue siendo el único camino hacia una solución.